Desde este pasado lunes, los profesionales del campo ya pueden acometer un trámite que forma parte de una más de las tareas cíclicas del año agrícola: la presentación de las solicitudes de las ayudas de la PAC. Sin embargo, con haberse convertido en un clásico, en una tradición de esas que se preservan, veremos hasta cuándo, en el medio rural, lo que este año hagan nuestros hombres y mujeres del sector dicen que es decisivo para el futuro, al menos para el periodo 2015-2020.
Para entonces, habrá una nueva PAC, la reforma de la reforma de la reforma, y las cifras que se manejen este año servirán para establecer futuras percepciones y, lo que es más importante, saber si el declarante cumple las condiciones de lo que, hoy, se ha dado en denominar agricultor activo; ya saben, si de su trabajo en la agricultura o al ganadería deriva al menos el veinte por ciento de sus ingresos globales, uno de los caballos de batalla de la negociación aún reciente.
Como siempre, estas negociaciones han estado cagadas de cifras, de porcentajes, de todos esos números a los que, desde hace ya décadas, se han tenido que acostumbrar no sólo los políticos de Bruselas y Estrasburgo, o de los de aquí cerca, también las gentes sencillas del campo que han pasado a depender de su propio trabajo, de la meteorología y de decisiones puede que tomadas lejos pero muy, muy trascendentes para lo próximo.
Por cierto, hablando de cifras, estos días también se han facilitado datos según los cuales el número de solicitudes previstas será muy similar al de ejercicios precedentes, algo más de 90.000; se habla de 92 ó 93.000. Casi al tiempo, algunas organizaciones profesionales agrarias y otros colectivos vinculados al sector, siguen hablando de reducciones significativas de agricultores a título principal.
Algo, o todo, no cuadra: si realmente, y no tengo por qué dudarlo, baja el número de agricultores a título principal, y el número de solicitudes, del que tampoco he de dudar, se mantiene, todo apunta a lo de casi siempre, a la vieja reivindicación de establecer los criterios de una figura profesional, llámese agricultor a título principal, agricultor activo, profesional del sector o como se quiera. Sin que ello signifique, por otra parte, que 13.000 beneficiarios de las subvenciones no lo sean como, por otra parte, ha venido a decir el Ministerio amigo.
Explicaciones puede haber muchas, válidas y legales, empezando por la posibilidad de que menos agricultores y ganaderos cuenten con más producción y más diversificada, lo que les facultaría para presentar más solicitudes. Ello, al menos, frenaría el abandono de la actividad y la despoblación, en el supuesto de que estén empadronados, pero no sé, no sé si es así.
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