Lo he escrito muchas veces. Me enamoré, con retraso, de ese Congreso de Suresnes (octubre, 1974) en el que un desaparecido, no sólo clandestino, PSOE abandonó el socialismo y se apuntó a la socialdemocracia. Ya entonces la izquierda pura cursaba como rancia y la receta aperturista, a la democracia, a la libertad, al mercado, parecía una solución, siquiera fuera transitoria. Hasta España, a la que el que después sería el partido por antonomasia anhelaba volver, se había apuntado al liberalismo económico, mucho antes, en los años 60, en los que una dictadura, sin dejar de serlo, se daba cuenta de lo obvio: nada funciona sin libertad económica.
Ocho años después, en 1982 y de la mano de Felipe (González) llegarían al Gobierno y, afortunadamente, abandonaron todo noviazgo tardocomunista y se ratificaron, con notables éxitos electorales y todos los matices que se quieran, al libre comercio, a la banca, a la Bolsa y, poco después, a Europa, cuando Europa sí defendía la libre producción y circulación de bienes y personas.
Cuatro décadas más tarde, y cuando parecía que nada podría ser peor que Zapatero, lo de gobierno social-comunista es mucho más que un chascarrillo electoral. La, para ellos, imprescindible coalición con lo peor, a saber, comunistas, independentistas, golpistas y filoterroristas (o sin filo), nos ha hecho caer, entre otras fosas, en una trampa intervencionista traducida en leyes puede que anticonstitucionales, insultos a empresarios y trabajadores, amenazas, presiones, ante las que los afectados se defienden como pueden y la oposición mayoritaria apenas levanta la cabeza, pesada como la tienen de tanto esconderla.
Los ejemplos se reproducen a diario pero, ya que hablamos de economía, juguemos con tres. El más áspero de explicar, Ferrovial. Superada ya con éxito la aprobación de los accionistas, con el tramite pendiente, eso sí, de los minoritarios, la compañía ha aprobado el traslado de su sede social a los Países Bajos, esos que, por otra parte, saben que no es que me gusten mucho. Este traslado no significa que la firma deje de pagar impuestos en España, tanto directos como indirectos; ello no supone que deje de crear empleo y riquezas varias en España. Por sus hechos les conoceréis.
Pero ahí están las presiones, ineficaces, pero presiones, a fin de cuentas. La última, que por qué se van (que no se van, insisto) si van a tener que seguir pagando impuestos, incluso más. Pues por varias razones pero, por no profundizar mucho, porque mi empresa la administro yo y porque a mi me han encomendado la tarea de gestionarla. Y, si me equivoco, ya me echaran los accionistas.
Segundo ejemplo, tan fácil de vender por sus promotores pero tan fácil de desmontar: la ley de Vivienda. Una ley modificada por Bildu, ese partido al que las casas que más gustan son las casas-cuartel y ya saben para qué. Aquí, lo del intervencionismo es para nota. Te dicen qué tienes que hacer con tu casa, a qué precio la tienes que alquilar y cuánto tienes que subir al inquilino. Es decir, que te matas a trabajar toda la vida, ahorras unas perrillas, inviertes (que es crear riqueza, empleo) y, cuando llega el momento, zas, es el Gobierno, Bildu a la cabeza, quien te explica qué hacer y cómo con tu inversión, con tu esfuerzo.
¿Efectos? Menos oferta en el mercado, mal para el arrendador, mal para el arrendatario, aflora el dinero negro, se pagan menos impuestos, también pierde el erario público.
Y, por último, por no extender el artejo: Doñana. La Junta de Andalucía, con competencias en la materia, plantea una posible solución al problema de los regadíos, los legales y los ilegales, incluso a la falta de ellos, y la respuesta es la amenaza con las penas del infierno, a saber, la siempre temida Unión Europea, que ya no es la de los años 80, la citada anteriormente, sino un monstruo que lucha contra sus propios principios fundacionales y cuyo principal objetivo parece ser jorobar a sus socios.
Mañana, ¿a quién intervendrán y de qué manera?
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