La futura aprobación de un modelo de financiación específico para Cataluña es una vuelta de tuerca más en una sucesión de discriminaciones, para muchos son agravios, que se suceden en España desde hace décadas y que se resumen en beneficios específicos para dos regiones y el consiguiente perjuicio para las restantes y muy especialmente para las más pobres.
Dado que una parte de esta discriminación, a saber, los privilegios forales y su consecuente cupo, está consagrada en la Constitución podemos caer en la tentación de colegir que los agravios comienzan con el hoy puede que decadente Régimen del 78, pero ello, sin ser falso, tampoco es del todo cierto. Por mucho que los representantes de las dos regiones se empeñen en presentarse como las principales víctimas de la dictadura, ésta se empleó a fondo en tenerlas contentas y sus conocidos asentamientos industriales así lo atestiguan.
Vascos y catalanes fueron privilegiados durante una eternidad por un régimen que, sí, no les permitían usar en públicos lenguas vernáculas que, sin tal presión, hubieran muerto por inanición, pero mientras les regaba con avanzadas instalaciones de las que salían los automóviles verdaderamente nacionales y los mejores productos de la siderurgia mundial.
Mucho de esto fue desmantelado (astilleros, etc.) por quien podía hacerlo con menor contestación social, el Gobierno de Felipe González quien, al igual que el de UCD y los sucesivos ejecutivos, rescató unos privilegios forales que la dictadura sólo había derogado parcialmente. De estos privilegios, los más recientes, los decimonónicos, es decir, del XIX; los más históricos, cultivados durante siglos, fueron concedidos, fíjense, por los señores de Castilla por la lealtad de vizcaínos y alaveses a la Corona castellana y la de los guipuzcoanos a la navarra, esta sí, como Castilla y Aragón, comunidad histórica.
Otra vuelta de tuerca
Nos encontramos, pues, con dos regiones, la vasca (tres provincias) y la navarra que disfrutan, desde la aprobación de la Constitución, de un privilegiado régimen fiscal cuyo resumen es: nosotros recaudamos, nos quedamos con todo y los repartimos sólo entre nosotros. Mientras, el resto, recauda de manera común, es decir, nacional, y luego reparte en función de la población y no del territorio, sin tener en cuenta los costes añadidos de llevar los servicios públicos a comarcas alejadas, deprimidas y con población envejecida.
Ello se ha traducido en que, durante décadas, va ya para más de tres, las tres provincias vascas y Navarra, han venido liderando los índices de empleo (sus tasas de paro solían ser envidiables) y las tablas de cuestiones como la atención a la dependencia. Es verdad que eso está cambiando y que algunas provincias de una región pobre, como es Castilla y León, mejoran los datos de empleo incluso de Guipúzcoa, y es verdad también que ya lideramos la atención a personas dependientes. Pero mucho me temo que ya se encargarán socialistas y nacionalistas de remediarlo.
Si, a este sistema perverso, constitucional pero perverso, se suman otras cuatro provincias, ahora las catalanas, poco o nada va a quedar para el resto. La crueldad es aún mayor cuando oyes al Gobierno, el central, el de todos, invitar a que cada región proponga su propia singularidad sin tener en cuenta que la única singularidad es que hay regiones más pobres (entre otras cosas por los privilegios de estas dos) que nada pueden pedir porque lo que necesitan es que se mantenga una caja común conforme a criterios de solidaridad.
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