Al principio, colaba, pero ya cada vez menos. En las primeras semanas de la pandemia, esa discrepancia entre quienes defienden las medidas restrictivas y quienes las critican por ineficaces se resolvía culpando a sus detractores de oponer salud a economía o, simplemente, de no velar por la salud de los ciudadanos. Pasados ya unos cuantos meses, y con unos resultados catastróficos, la polémica se centra en una Comunidad, la de Madrid, que no es precisamente la que peores cifras arroja y los enfrentamientos políticos a diferentes bandas que de ella se derivan.
Al inicio de este nuevo capítulo de la polémica, parecía que el Gobierno central y sus satélites, sean éstos mediáticos, políticos o sociales, iban a ganar la batalla, no al virus, sino la de la imagen. La ecuación era aparentemente sencilla: el Gobierno central y quienes le apoyan arbitraban (nunca mejor dicho) unas medidas encaminadas a frenar al virus mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaría dispuesto. nos cuentan, a sacrificar a sus vecinos en aras a una guerra con el PSOE, Ciudadanos e incluso algún sector del PP.
Nada más lejos de la realidad, aunque eso último, la realidad, no suela importar. El problema para el pensamiento único surge cuando se empiezan a conocer las cifras, cuando Madrid mejora levemente, y otras comunidades adelantan dramáticamente a la considerada epicentro de España. Y sobre todo, y esto es lo que me parece más relevante, es que los criterios se establecen ad hoc contra Madrid. Es decir, no se establecen unos parámetros y luego se compruebe quién los cumple; al contrario, se toman las estadísticas de Madrid y posteriormente se fijan los criterios para hacerlos coincidir. Y si, de paso, nos llevamos por delante a Castilla y León, pues qué bien. Hay quien lo está deseando
Establecidos, por tanto, los supuestos criterios, ¿qué hacer? ¿Confinar Navarra, Cataluña, varias ciudades de Castilla y León….? No, en principio, no. De momento, sólo cerrar la capital de España y otros nueve municipios de la Comunidad, a los que se puede acceder desde el aeropuerto, por cierto, y obligar al Gobierno autonómico a publicar el decreto en su Boletín (toma artículo 155 de la Constitución) so pretexto de las penas del infierno que, en el caso que nos ocupa, consisten en iniciar una feroz campaña contra su presidenta de la que son cómplices sus socios de Ciudadanos (en el pecado llevan la penitencia) y, con buena o no tan buena fe, el Gobierno de Castilla y León, formado, no sé en qué orden, por un Ciudadanos parece que poco conforme con los pactos con los populares, y un PP en el que no han restañado las heridas del Congreso nacional que dio la presidencia del partido a Pablo Casado.
¿Consecuencias? Una guerra en la que no se hacen prisioneros, bueno, sí, los habitantes de Madrid y, quizá, en breve, los de Valladolid, León y Salamanca, que recibirán en sus nalgas la patada que el Gobierno de Sánchez quiere dar a Isabel Díaz Ayuso por haber sido mala chica y no tomar el ejemplo de Castilla y León, que es el de no criticar y, cuando se tercia, alabar a los gestores del Ministerio de Sanidad.
Llegados a este punto, quizá no quede otra que rebelarse. Lo hicieron los cayetanos, de forma pacífica; lo hicieron los vallecanos, en modo guerrilla urbano; ahora, el pueblo de Madrid, ante este nuevo 2 de mayo, debe plantar cara al invasor y a los afrancesados (en este caso, anaranjados) y hacer lo posible por no parar la actividad. Precisamente, porque la salud y el sistema sanitario están en juego.
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