El inicio de la campaña electoral a las cámaras agrarias de la Comunidad me parece una buena ocasión para reflexionar sobre la razón de ser de estas entidades y, sobre todo, como en el chiste, comparar a quienes las integran con formaciones a las que en algún momento llegaron a parecerse.
Supongo que no faltará quien tilde de machista aquel chascarrillo que terminaba respondiendo: “¿Comparada con quién?”. Pues bien, esto es lo primero que hay que interiorizar a la hora de inquirir sobre la existencia y papel de las cámaras y, por supuesto, de las organizaciones que las conforman.
No es que la comparación no aguante una tesis, es que no soporta un asalto. Hoy, las cámaras agrarias, en la Comunidad y en el resto de España, están integradas por organizaciones, cuyo apellido ‘profesionales’ no es casual, convertidas por derecho propio en eficaces prestadoras de servicios. Se me dirá, y puede que con razón: “Ya, ¿y qué más?” Pues sí, hay más, pero con que sólo fuera esto, ya estaría su presencia harto justificada.
Desde hace décadas, el agricultor y el ganadero se enfrentan, y cada vez más, a una complicada burocracia que extiende sus tentáculos desde la administración más lejana y, a la vez más asfixiante, la europea, a la municipal, pasando, y no precisamente de refilón, por la nacional, la autonómica (que tiene las verdaderas competencias en la materia) y la provincial. A ello se añade, en algunos casos, la existencia de consejos comarcales e, incluso, cabildos insulares.
Cierto es que, hoy como ayer, el profesional del campo está formado no sólo en las cuestiones estrictamente agropecuarias, pero no lo es menos que, posibilidades telemáticas aparte, su dedicación al terreno y siempre la lejanía física de los órganos administrativos, obligan a contar, a pie de obra, con gestores eficaces que, por otra parte, no te sangren hasta los higadillos por la gestión.
En esto, como en otras cuestiones, se diferencian esas organizaciones profesionales agrarias de los mal llamados sindicatos de clase con los que hace ya décadas pudimos confundirlas.
Quizá nosotros, los periodistas, y, entre ellos, quien hoy les escribe, tuviéramos una alícuota parte de la culpa en la confusión. De un lado, en los siempre llamativos titulares. Encabezar una noticia con la leyenda “organizaciones profesionales agrarias” era demasiado largo y simplemente ‘opas’ era feo, de modo que tiramos por la tangente y, a modo de recurrente sinónimo, optamos por sindicatos en un momento, dicho sea de paso, en que éstos aún gozaban de cierto predicamento, especialmente en los medios de comunicación, sector este último en el que aún conservan un incomprensible protagonismo.
Hoy, el cuento ha cambiado, y mucho. Las organizaciones profesionales (insisto, profesionales) agrarias gozan de una merecida y envidiable buena salud mientras sus falsamente considerados homólogos flotan entre el ’bolsonarismo rodeacortes’ y el llanto fácil por el pesebre perdido, que tampoco está perdido del todo.
Pero no es lo único que les diferencia. Es verdad que las organizaciones que estos días reclaman el voto de los profesionales y empresarios del campo tienen su ideología. Nunca la han ocultado e, incluso, han colocado a sus peones en puestos de responsabilidad. Pero, y esta es sólo una diferencia, ¿se imaginan a alguno de nuestros líderes agrarios babeando ante la gestión de un presidente o de un consejero autonómico? Las últimas intervenciones de José María Álvarez (no tengo confianza para llamarle Pepe) son todo un poema y no ha habido toallas suficientes para recoger los efluvios.
El 13 de febrero, otro año en 13 de febrero, el campo se somete a un control inédito en otros sectores profesionales. Esta es una diferencia más. Lo prestadores de servicios agrarios son elegidos por lo más parecido al sufragio universal. ¿Pueden decir lo mismo los Álvarez, Sordo y demás? Es lo que va de la horizontalidad a la verticalidad.
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