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Publicado por Ángel Cuaresma

En nombramiento político del nuevo fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, de la mejor cosecha, la de 1967, ha desatado las tímidas críticas de los llamados sectores conservadores y una desaforada (de fuero, claro) riada de contracríticas sólo comparable a la defensa de los acusados por el caso de los ERE de Andalucía.

Emulando al clásico, vayamos por partes. La sorpresiva, por poco esperada y rápida dimisión de la ya ex fiscal, Dolores Delgado, la única que, sepamos, insultaba al ministro Grande-Marlaska, obligó a rebuscar, de manera precipitada, en las filas del PSOE. Y, buscando, buscando, también con una rapidez inusitada, localizaron a un buen servidor, si no de la Ley, al menos, del partido. Las, insisto, timidillas críticas, y comprensibles, por otra parte, se han visto contrarrestadas y ampliamente superadas por una campaña de defensa de lo indefendible que ha llevado a su beneficiario, el susodicho fiscal, a acusar a los llamados vocales conservadores del CGPJ de montarle nada menos que un “tribunal de honor”.

¿Se imaginan ustedes el ambiente en el sector? ¿Se imaginan el animo y, sobre todo, la objetividad, cuando unos denuncien, otros instruyan y los terceros hayan de impartir justicia? Poética no será, desde luego; política, si, por supuesto.

Al polémico (poco) nombramiento, sucedió algo mucho más previsible, la confirmación de las condenas a casi todos los previamente sentenciados por el cuantitativa y cualitativamente caso más grave de la reciente y casi con toda seguridad de toda la historia de España. Pues bien, aquí el Partido, el partido por antonomasia, reacciona saltándose todos los manuales de la práctica política conocidos hasta ahora. Algo así como defender la honestidad de los condenados del PSOE mientras se carga contra los absueltos del PP (Valencia, etc…) y contra los por ahora nunca denunciados de Vox o Ciudadanos. Lo que viene siendo la clásica venda de la Justicia.

Y, para concluir la semanita judicial, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás (en catalán, lo ponen con acento grave, ¿por qué será?), que ha sido borrada del cargo por un delito de prevaricación y falsificación en contratos públicos en sus responsabilidades anteriores. Pues bien, a la también ya ‘ex’ sólo se le ocurre decir, que para ella ya es mucho discurrir, que ha sido condenada por cinco diputados vestidos de jueces. ¿Ahora se da cuenta de que los nombramientos son políticos? Y lo dice la ya ex presidneta del Parlamento de una Comunidad donde se intenta vestir a todos, profesores incluidos, de comisarios políticos.

Lo dicho, cada vez se comprende más que la Justicia se adorne con una venda en los ojos.

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