La extensión de la pandemia del coronavirus por España y más de cien países ha ensombrecido, como no puede ser de otra manera, el resto de la información. De este modo, los medios han tenido que pasar de puntillas por el resto de cuestiones, entre las que se me ocurren, por poner solo dos ejemplos, los aniversarios de los atentados del 11-M o el de la elección del Papa Francisco.
Por lo que a nuestro sector respecta, la crisis del coronavirus ha hecho desaparecer del mapa primero las informaciones sobre las manifestaciones del campo y, después, las movilizaciones mismas. Bueno, al menos los agricultores tuvieron la suerte de que el Gobierno esperara a que pasara el 8-M (es el precio tan caro que todos hemos tenido que pagar) para que alertara sobre la gravedad situación, de tal manera que, hasta esa fecha las manifestaciones de agricultores y ganaderos aún se celebraron y salieron medianamente bien reflejadas en los medios de comunicación.
Es, como digo, el precio que ha habido que pagar por el 8-M, que eso sí que es un precio de oro y con los intermediarios e intermediarias conocidos y conocidas. Pero, hablando de precios, tampoco será malo recordar que ésta, la de los precios, era una, aunque no la única, de las reivindicaciones del sector. Y bueno será recordar, también, ahora que se está poniendo a prueba la solidez de la cadena alimentaria, especialmente la distribución, que la guerra contra supermercados e hipermercados no la abrieron, ni los profesionales del campo, ni las organizaciones que los representan.
Recapitulemos: la reivindicación por unos precios justos para el sector es eterna pero, si son habituales de este tipo de informaciones, sabrán que las Opas suelen hablar, o culpar, a los intermediarios, no expresamente a las grandes o pequeñas cadenas de distribución.
Sin embargo, el Gobierno, pese a los tímidos intentos de sensatez del ministro Planas (cada vez más aplanado por la apisonadora Podemos), se apresuró a tomar el rábano por las hojas y, tras culpar directamente a híper y súper, adoptar (o así) medidas que no van a beneficiar a los agricultores y ganaderos pero sí van a perjudicar a las superficies comerciales y, por supuesto, a los consumidores.
Porque ustedes, que como todos son consumidores, me dirán qué tienen de malo las ofertas cuando el precio en origen ya se ha pagado. A quién molesta que nos den tres por dos cuando el agricultor o el ganadero va a percibir lo mismo. Quién no quiere un vale de descuento o un cheque regalo o similares. Sí, sí, ya sé que ello anima a volver al centro comercial, y anima a consumir, pero anima, no obliga. Y, al final, ir hay que ir y, ya que se va, pues que te bonifiquen.
Al final, me da a mí que el campo va a seguir percibiendo los mismos precios y los consumidores compraremos más caros. Eso por no hablar de los inconstitucional que es restringir la libertad de comercio,. Pero, insisto, es el precio que hay que pagar.
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