843.650 euros. Es la cifra que ha perdido, según las estadísticas de la Alianza UPA-COAG, los diferentes subsectores agro ganaderos en Castilla y León en los últimos años. En su balance del año, la organización ha destacado sobre todo la pérdida del trigo y la cebada cuyo valor ha caído un 37 y un 41,5 por ciento respecto a las últimas campañas pero también ha afectado, y de manera muy importante, al sector mielero de la región que desde la última campaña en la que el precio cubría el coste de producción ha reducido hasta un 40,5 por ciento su valor en el mercado.
En el ámbito lechero, la cosa no mejora mucho. La Alianza se queja del precio del litro de leche – ahora a 0,30 euros- que sigue sin cubrir el coste mínimo y, peor aún, extiende los malos augurios a otros sectores lácteos como el caprino y ovino: “Las cotizaciones han bajado hasta 0,25 euros el litro que al ganadero le supone no haber cubierto los costes de producción debido a que las industrias lácteas imponen las condiciones de los contratos, pervirtiendo las intenciones de la Ley de la Cadena Alimentaria” manifiestan.
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Otra ley, la Agraria, ha sido echada en falta por la organización en estos doce meses de 2016 cuyo desarrollo reglamentario aseguran que “no se ha puesto en marcha”. Es más, denuncian que algunos de los órganos prometidos no han visto la luz, como el conocido Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria que pretendía concentrar a todos los agentes desde que el producto sale del campo hasta que llega al consumidor -con la participación de asociaciones y OPAs, claro-.
Las OPAs y la Junta
Las organizaciones agrarias han sido, a juicio de UPA-COAG, las que han llevado un peso importante en su tarea de mediación entre productores y Administración regional. Sin embargo su trabajo no solo ha aumentado incluyendo tareas propias del ente público sino que tampoco se ha recompensado: “la labor que estamos desempeñando las OPAs en el día a día colaborando en distintos frentes de manera tan activa para agilizar en cierta medida la maquinaria tan lenta y pesada de la propia Administración regional en los servicios a los agricultores y ganaderos choca frontalmente con la precarización de los recursos asignados a las propias organizaciones agrarias representativas para acometer dichos fines” expresan.
2016 también será recordado por los casos de ataques de fauna silvestre y la petición reiterada de las organizaciones para que se controlase la proliferación de lobos al Norte y al Sur del Duero. En este sentido, la Alianza ha pedido que se tomen medidas ante el crecimiento exponencial de ciervos, corzos y jabalíes en los alrededores de las explotaciones agrícolas así como en las carreteras, donde se han incrementado un 68 por ciento el número de accidentes al cruzarse alguno de estos animales. Sobre los cánidos, reclaman más control poblacional y que se cumplan los cupos de caza que en estos 366 días según aseguran no se ha ejecutado en hasta un 50 por ciento de los casos.
EN UN DATO
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Desde 2007 han pasado de producirse 4.000 siniestros a 6.670 en las carreteras de Castilla y León por la presencia de animales
De cara al futuro, incógnitas. El sector remolachero se enfrentará a un 2017 sin cuotas y con un impuesto en bebidas azucaradas que, ya ha advertido UPA-COAG, será perjudicial para el consumo y en consecuencia para el productor: “Corren serio peligro miles de empleos directos e indirectos que actualmente se generan en torno a esta actividad profesional en Castilla y León, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico en nuestra comunidad autónoma” aseguran.
Un año con quema de rastrojos «inútil»
La organización se ha lamentado por la medida puesta en marcha desde la Junta a la autorización de la quema de rastrojos. Una orden “deseada y esperada” pero que se ha puesto en práctica, a su juicio de manera “inútil”.La razón ha llegado por los “inconvenientes” que han puesto, en este caso, la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura por la cercanía a carreteras de algunos terrenos o quienes pertenecían a las denominadas zonas ZEPA que han imposibilitado que muchos agricultores se decidiesen por llevar a cabo la quema y apostasen por el uso de productos químicos para “limpiar” la tierra.
Precisamente UPA-COAG ha concluido denunciando el «incremento especulativo» de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas, y “ A lo largo de este 2016 hemos vuelto a sufrir el régimen de oligopolio que opera en estos mercados y la falta de regulación y control públicos, y que afecta directamente en los bolsillos de los profesionales del campo” zanjan.
