La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a las principales organizaciones agrarias regionales para analizar el impacto del reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el sector primario madrileño. El encuentro, celebrado en la Real Casa de Correos, ha servido para poner sobre la mesa reivindicaciones, advertencias y compromisos en un contexto de creciente incertidumbre para agricultores y ganaderos.
La reunión, que tuvo lugar el 29 de enero de 2026, contó con la participación de representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIMCOAG, UPA Madrid y UCAM, las cinco grandes organizaciones que vertebran la defensa del campo en la región. Todas ellas trasladaron al Ejecutivo autonómico su preocupación ante un acuerdo comercial que, en su forma actual, podría alterar profundamente las condiciones de competencia del sector agroalimentario español.
Un respaldo político explícito al campo madrileño
La presidenta ya había mostrado públicamente su respaldo un día antes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En ese contexto, subrayó la voluntad del Ejecutivo regional de acompañar al sector en un escenario de reglas cambiantes, especialmente en lo relativo a burocracia, competitividad y rentabilidad.
El mensaje fue claro: el campo madrileño no puede quedar relegado en un mercado globalizado donde las exigencias no siempre son las mismas para todos. Ayuso insistió en que los agricultores y ganaderos españoles “se merecen que su campo esté en las mejores condiciones”, remarcando que el objetivo de la Comunidad de Madrid es evitar cualquier pérdida de competitividad derivada de decisiones tomadas fuera del ámbito regional o nacional.
El pacto del 15 de enero: frenar Mercosur sin garantías
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el pacto firmado el pasado 15 de enero entre la Comunidad de Madrid y las organizaciones agrarias. En él, ambas partes solicitaron de forma expresa que la Comisión Europea no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice de manera efectiva la protección de agricultores y ganaderos españoles.
El documento alerta del riesgo estratégico de depender de terceros países para el suministro de alimentos si no se les exige el cumplimiento de los mismos requisitos sanitarios, medioambientales y sociales que rigen dentro de la Unión Europea. Esta asimetría, según las organizaciones, podría generar un grave desequilibrio competitivo y poner en jaque la viabilidad de muchas explotaciones.
Reciprocidad normativa y controles: la línea roja del sector
Uno de los conceptos más repetidos durante la reunión fue el de reciprocidad normativa. Tanto el Gobierno regional como las organizaciones agrarias coinciden en que cualquier acuerdo comercial debe garantizar que todos los productos que entren en el mercado europeo cumplan exactamente los mismos estándares que se exigen a los productores comunitarios.
Esto incluye requisitos medioambientales, sociales, sanitarios, de control y de trazabilidad, elementos clave para asegurar la seguridad alimentaria y evitar prácticas de competencia desleal. Para que esta reciprocidad sea real y no meramente declarativa, el pacto defiende la necesidad de reforzar los controles en frontera y las inspecciones en los países de origen.
El objetivo final es doble: proteger al productor local y mantener un modelo de autosuficiencia alimentaria que permita importar y exportar en condiciones equitativas.
Defensa de una PAC fuerte y bien financiada
Otro eje central del posicionamiento regional es la defensa de una Política Agraria Común sólida, con financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo. Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que la PAC debe seguir siendo una herramienta de equilibrio territorial y de sostenimiento del medio rural, especialmente en un contexto de presión internacional creciente.
La ratificación del acuerdo UE-Mercosur, según este planteamiento, debería quedar supeditada al respeto estricto de esta reciprocidad normativa, evitando que los agricultores madrileños compitan en inferioridad de condiciones frente a producciones procedentes de países terceros.
El sector primario como prioridad desde 2019
Más allá del debate comercial, el Gobierno regional quiso poner en valor las políticas desarrolladas desde 2019, cuando Díaz Ayuso asumió la presidencia. Desde entonces, el sector primario ha sido definido como una prioridad estratégica, tanto por su papel económico como por su valor social y territorial.
Entre las iniciativas más destacadas figura el Plan Terra, dotado con 100 millones de euros de inversión, así como el Plan de Dinamización del Sector Primario, que estructura buena parte de la política agraria regional actual.
148 millones y 35 medidas para 2025-2029
El Plan de Dinamización del Sector Primario cuenta con un presupuesto superior a 148 millones de euros para el periodo 2025-2029 e incluye 35 medidas concretas destinadas a afrontar los principales retos del sector. Entre ellos destacan la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la sanidad animal y la integración de tecnología en los procesos productivos.
Las medidas abarcan desde ayudas específicas al relevo generacional, hasta el apoyo a corporaciones locales para inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, pasando por el fomento de la ganadería extensiva o la contratación de seguros agrarios como herramienta de estabilidad frente a riesgos climáticos y sanitarios.
Ayudas directas al sector ganadero: cifras récord
A estas políticas se suman las ayudas tramitadas desde julio de 2023 por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. En total, se han gestionado 173,8 millones de euros en distintas líneas de apoyo al sector ganadero, con un enfoque claro en modernización, sostenibilidad y rentabilidad.
Entre las más relevantes destacan las ayudas a jóvenes ganaderos, que pueden alcanzar hasta 80.000 euros anuales, así como las destinadas a ganadería ecológica y a la prevención de ataques de lobo, cuya dotación aumentó hasta 200.000 euros en 2025.
Además, el Ejecutivo autonómico ha destinado 1,6 millones de euros a compensar a los propietarios de explotaciones más afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, una de las problemáticas sanitarias más relevantes de los últimos años.
Un mensaje político claro en un contexto europeo incierto
La reunión entre la presidenta y las organizaciones agrarias no fue solo un gesto institucional, sino una declaración política de intenciones. En un momento en el que los acuerdos comerciales internacionales generan inquietud en el campo, la Comunidad de Madrid busca posicionarse como un aliado activo del sector, defendiendo sus intereses tanto en el plano nacional como europeo.
El mensaje que sale de la Real Casa de Correos es claro: sin reciprocidad, no hay acuerdo justo. Y mientras el debate sobre Mercosur sigue abierto en Bruselas, el Ejecutivo madrileño refuerza su estrategia de apoyo interno, combinando presión política, inversión pública y medidas estructurales para garantizar la viabilidad del campo en los próximos años.
