La organización exige a la Seguridad Social una rectificación en la regularización de las bases de cotización

Unión de Uniones alerta de recortes del 44% en las prestaciones de los autónomos agrarios

Agronews Castilla y León

16 de enero de 2025

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la campaña de regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios que está llevando a cabo la Seguridad Social. Según la organización, esta medida podría provocar recortes significativos en las prestaciones sociales de los agricultores profesionales, llegando hasta un 44% en algunos casos, lo que podría dejar a muchos trabajadores en una situación económica crítica.

Un recorte que afecta a miles de autónomos agrarios

La Unión de Uniones ha advertido que la regularización, dirigida a los agricultores dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes y después del 1 de enero de 2023, conllevará una reducción inmediata en prestaciones como las incapacidades temporales, viudedad, incapacidades permanentes y jubilación.

“Los agricultores que ya estaban inscritos en el RETA antes del 1 de enero de 2023 verán sus prestaciones reducidas en un 32%, mientras que para aquellos que se dieron de alta después de esa fecha, la caída podría alcanzar el 44%”, explicó un portavoz de la organización.

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La Unión de Uniones subraya que este recorte supone un golpe directo a los agricultores profesionales, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido al aumento de los costes de producción y las incertidumbres del mercado.

Una de las principales críticas de la organización es la falta de información clara por parte de la Seguridad Social. Según Unión de Uniones, los agricultores afectados no están recibiendo detalles específicos sobre cómo la regularización afectará sus prestaciones sociales.

“La Seguridad Social solo informa de estas reducciones durante la tramitación telemática del proceso, y ni siquiera explica todos los detalles concretos del recorte. Esto genera confusión y deja a los afectados sin herramientas para tomar decisiones informadas”, señaló la organización.

La Unión de Uniones considera inaceptable que una medida con un impacto tan significativo se implemente sin una campaña informativa adecuada. Por ello, ha solicitado que se alargue el plazo de regularización hasta el 30 de abril de 2025 para garantizar que todos los afectados comprendan plenamente las consecuencias de la medida.

La organización también ha recordado que ya había advertido de esta problemática en 2022, tras la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022 y su convalidación por el Congreso en agosto de ese año. Según la Unión de Uniones, esta normativa, que supuestamente buscaba mejorar las prestaciones de los autónomos agrarios al integrarlos en el RETA, ha tenido el efecto contrario.

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“En 2008, los agricultores se integraron en el RETA con la promesa de que sus prestaciones mejorarían, aunque esto supusiera un incremento en sus cotizaciones. Ahora, se enfrentan a una reducción drástica de sus derechos sociales, lo que contradice por completo los objetivos iniciales de la medida”, denunció la organización.

La Unión de Uniones también acusó al Gobierno y al PSOE de incumplir sus compromisos de resolver esta situación. “A pesar de nuestras advertencias y de las promesas políticas, los agricultores se encuentran ahora en una posición de vulnerabilidad que podría haberse evitado”, afirmaron.

Ante esta situación, la Unión de Uniones recomienda a todos los agricultores afectados que mantengan la base de cotización que tenían en 2022. Según la organización, optar por una base inferior podría ser irreversible y tendría consecuencias negativas a largo plazo en las prestaciones sociales de los trabajadores.

“Mientras no se resuelva esta situación, los agricultores deben evitar cualquier cambio que pueda perjudicar aún más sus derechos. Es crucial que mantengan su base de cotización actual para proteger sus prestaciones”, aconsejó la organización.

La Unión de Uniones ha exigido a la Seguridad Social una rectificación inmediata de la campaña de regularización y ha solicitado medidas concretas para garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los agricultores. Entre sus demandas destacan:

  1. Ampliación del plazo de regularización hasta el 30 de abril de 2025. Esto permitiría a los agricultores disponer de más tiempo para informarse y tomar decisiones con conocimiento de causa.
  2. Información detallada para cada persona afectada. La organización exige que la Seguridad Social informe de manera clara y personalizada sobre el impacto de la regularización en las prestaciones sociales de cada trabajador.
  3. Revisión del marco normativo. La Unión de Uniones solicita una revisión del Real Decreto-ley 13/2022 para corregir los efectos negativos que está teniendo sobre los agricultores autónomos.

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La organización advierte que, de no tomarse medidas, la reducción de las prestaciones sociales podría tener un impacto devastador en el sector agrario. Muchos agricultores, especialmente los de menor tamaño, podrían enfrentarse a una mayor precariedad económica, lo que afectaría no solo a sus familias, sino también a las comunidades rurales que dependen de su actividad.

“La agricultura es un pilar fundamental de nuestra economía y sociedad. No podemos permitir que medidas como esta pongan en riesgo el futuro de miles de profesionales que ya trabajan en condiciones difíciles”, concluyó la Unión de Uniones.

La Unión de Uniones ha instado a los agricultores afectados a unirse en defensa de sus derechos y a exigir al Gobierno y a la Seguridad Social una solución justa y equitativa. Asimismo, ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para garantizar que las voces de los agricultores sean escuchadas y sus derechos protegidos.

Con esta denuncia, la Unión de Uniones pone de manifiesto una problemática que afecta a uno de los sectores más importantes y vulnerables de la economía española, y que requiere una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades



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