La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) ha lanzado una seria advertencia sobre los principales desafíos que afronta actualmente el sector alimentario durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria, celebrada en Madrid. La jornada reunió a representantes de algunas de las principales compañías de la industria, así como a expertos del ámbito jurídico, económico, político y de la distribución alimentaria, en un contexto marcado por la volatilidad económica, la complejidad regulatoria y los cambios en los hábitos de consumo.
El encuentro, celebrado en la sede de Cesce, sirvió para poner sobre la mesa cuestiones que preocupan especialmente a las empresas del sector: el incremento del absentismo laboral, la creciente carga normativa, la pérdida de capacidad adquisitiva de los consumidores y la incertidumbre política tanto en España como en el ámbito internacional.
Durante su intervención inaugural, la presidenta de ASEMAC, Isabel Martínez, destacó la capacidad de adaptación de las empresas de panadería, bollería y pastelería ante un entorno especialmente cambiante y difícil de prever. “Estamos acostumbrados al riesgo, porque el riesgo se puede gestionar. Pero la incertidumbre genera ansiedad, volatilidad y dificulta enormemente la toma de decisiones empresariales”, afirmó ante los asistentes.
Martínez hizo especial hincapié en la situación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte esencial del tejido empresarial del sector y que, según explicó, son las que más dificultades encuentran para asumir las nuevas exigencias regulatorias. “Muchas pequeñas empresas no son capaces ni siquiera de entender toda la regulación que les llega constantemente”, lamentó.
La presidenta de ASEMAC aprovechó además su intervención para reconocer la trayectoria de Felipe Ruano, presidente honorario de la organización, agradeciendo públicamente “su capacidad de diálogo, liderazgo y defensa constante de los intereses del sector” durante décadas.
Uno de los asuntos que centró buena parte del debate fue el aumento del absentismo laboral y su repercusión directa sobre la competitividad empresarial. Manuel Martín Moreta, socio de Ramón y Cajal Abogados, definió el problema como “estructural” y alertó de sus importantes consecuencias económicas y sociales.
Durante la mesa redonda dedicada a esta cuestión, se expusieron datos que reflejan la magnitud del fenómeno en España. Actualmente, cerca de 1,6 millones de personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo, de las cuales aproximadamente 1,25 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
Según explicó Martín Moreta, los costes asociados al absentismo alcanzaron los 33.000 millones de euros en 2025, una cifra que, a juicio de los expertos, amenaza seriamente la sostenibilidad y competitividad de numerosos sectores productivos, especialmente aquellos con una elevada dependencia de mano de obra y procesos industriales continuos, como ocurre en la industria de panadería y bollería.
Además del impacto económico directo, el jurista señaló que el absentismo genera importantes problemas organizativos dentro de las empresas, dificultando la planificación de turnos, reduciendo la productividad y afectando a la calidad del servicio y de la producción.
Desde ASEMAC se insistió en la necesidad de abordar esta problemática de manera conjunta entre administraciones públicas, empresas y agentes sociales, con el objetivo de encontrar soluciones equilibradas que permitan garantizar tanto la protección de los trabajadores como la viabilidad de las compañías.
Otro de los grandes ejes de la jornada fue la preocupación creciente de las empresas ante el aumento constante de normativas y obligaciones regulatorias. Aurelio del Pino, senior advisor en Vinces, centró su intervención en el fenómeno de la hiperregulación y sus consecuencias sobre el tejido empresarial.
Del Pino advirtió de que las compañías se enfrentan actualmente a un escenario de enorme complejidad legislativa, en el que conviven normativas europeas, nacionales, autonómicas y locales que, además, cambian con gran rapidez.
“El problema no es solo que haya mucha regulación, sino que muchas veces está mal hecha y cambia continuamente”, señaló durante su intervención.
Según explicó, esta situación obliga a las empresas a destinar cada vez más recursos a tareas de cumplimiento normativo, reforzando departamentos legales y de compliance o recurriendo a asesoramiento externo especializado. Todo ello, añadió, supone un incremento de costes que termina afectando a la competitividad y capacidad de crecimiento de las compañías.
La patronal considera especialmente preocupante el impacto de esta situación sobre las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para adaptarse a los continuos cambios legislativos y administrativos.
Los participantes coincidieron además en reclamar una mayor coordinación institucional y una simplificación normativa que permita a las empresas operar con mayor seguridad jurídica y previsibilidad.
La evolución del comportamiento del consumidor fue otro de los temas analizados durante la Asamblea General. María Sánchez, directora de Alimentación de La Distribución Anged, explicó cómo la situación económica está condicionando de forma clara las decisiones de compra de las familias españolas.
Según los datos presentados, más de la mitad de los hogares españoles reconoce tener dificultades para llegar a final de mes, mientras que un 61% asegura no poder ahorrar. Esta situación está provocando una mayor sensibilidad al precio en prácticamente todas las categorías de alimentación.
“El consumidor no renuncia a sus prioridades; simplemente las filtra a través del bolsillo”, resumió Sánchez.
No obstante, la experta destacó que el precio no es el único factor que condiciona actualmente las decisiones de compra. Los consumidores demandan cada vez más productos vinculados con la salud, la conveniencia, la sostenibilidad y el valor añadido, obligando a las empresas a mantener un elevado ritmo de innovación.
En este sentido, desde ASEMAC se puso en valor el esfuerzo que viene realizando la industria para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, desarrollando productos más saludables, reformulados nutricionalmente y adaptados a nuevas necesidades alimentarias.
La Asamblea contó también con la participación del politólogo y profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón, quien analizó la situación política española y sus posibles implicaciones económicas y regulatorias para las empresas.
Simón señaló que el escenario político actual continúa marcado por una elevada fragmentación parlamentaria y por los cambios producidos tras el ciclo electoral iniciado en 2023, tanto en comunidades autónomas como en numerosos municipios españoles.
El experto advirtió de que esta situación puede dificultar la estabilidad regulatoria y la capacidad de las administraciones para desarrollar políticas económicas de largo plazo, incrementando la incertidumbre empresarial en un momento especialmente delicado para numerosos sectores productivos.
Durante el debate se puso de manifiesto la preocupación existente en el ámbito empresarial ante posibles cambios regulatorios derivados de la inestabilidad política y la complejidad de los acuerdos parlamentarios.
AESAN reafirma su colaboración con la industria alimentaria
La clausura institucional del encuentro corrió a cargo de Victorio José Teruel Muñoz, subdirector general de Gestión de la Seguridad Alimentaria de AESAN, quien trasladó el compromiso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de continuar colaborando estrechamente con la industria alimentaria.
Durante su intervención, Teruel destacó los avances alcanzados en los últimos años gracias al trabajo conjunto entre administración e industria, especialmente en ámbitos relacionados con la reformulación nutricional de productos y la mejora de la información alimentaria dirigida al consumidor.
Asimismo, anunció nuevas iniciativas regulatorias orientadas a facilitar información específica para personas con intolerancias alimentarias, un aspecto que las autoridades consideran prioritario dentro de las políticas de salud pública y protección al consumidor.
La Asamblea General Ordinaria de ASEMAC contó con el patrocinio de Cesce, Lesaffre y Grupo Harinero La Meta, además de la colaboración de La Distribución ANGED, Ramón y Cajal Abogados y Vinces.
Con esta jornada, ASEMAC ha querido trasladar un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar la competitividad del sector alimentario español en un contexto económico y regulatorio cada vez más complejo. La patronal insiste en que afrontar desafíos como el absentismo, la sobrecarga normativa o la pérdida de capacidad adquisitiva de los consumidores requerirá diálogo, estabilidad institucional y una mayor colaboración entre empresas y administraciones públicas.
