La Audiencia Nacional ha admitido, el pasado 1 de octubre, el recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de la Transición Ecológica por la orden ministerial del pasado 21/09/2021 presentado la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico para aumentar la protección del lobo e incluirlo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y que se pronuncia en sentido contrario al presentado por la Junta de Castilla y León, dado que, el de la agrupación ecologista, considera que la protección del lobo que le confiere “es totalmente insuficiente”.
Además, ASCEL también se personará como co-demandada en todos los procesos judiciales abiertos por las Comunidades Autónomas «beligerantes, anti-sistema y radicalizadas» en contra de la no protección del lobo, porque los argumentos que defienden son «indecentes e ilegales».
Desde el grupo medioambientalista quieren recordar que las acciones administrativas y judiciales de ASCEL han conseguido anular los dos planes de gestión del lobo de la Junta de Castilla y León aprobados en 2016 y 2018, anular el aprovechamiento cinegético de lobos de las temporadas 2011-2012 y 2015-2016, suspender la caza de 143 lobos en el 2018-2019 salvando a esos ejemplares de la muerte, y condenar en primera instancia al pago de más de 800.000 euros como compensación a la muerte ilegal a 91 lobos en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.
La protección nacional del lobo, afiman desde ASCEL, no obedece a si hay 300 grupos de lobos invariablemente en España desde hace 30 años, o de si hay 3.000, 5.000 o 30.000 lobos solo en Castilla y León, sino que se trata de una cuestión legal correspondiente al marco normativo común español.
