Agronews Castilla y León

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders piden a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha de manera inminente un programa especial de vacunación, con el suministro de vacunas de una única dosis (Janssen), destinada a los temporeros locales y procedentes de otras regiones españolas y otros países que van a trabajar en las próximas campañas agrícolas, como la recolección de uva, frutos secos, caquis o cítricos.

Ambas organizaciones agrarias han consensuado esta reivindicación tras constatar que el gobierno valenciano no tiene previsto adoptar ninguna medida de vacunación específica hacia el sector agrario mientras que, al contrario, otras comunidades autónomas como Aragón, Cataluña o Andalucía sí acometen planes en este sentido para garantizar las máximas condiciones preventivas frente al Covid-19 en aquellas labores que requieren una mayor necesidad de mano de obra.

El recientemente reelegido presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, solicitan que “el Consell esté a la altura de las circunstancias y, del mismo modo que hacen otras comunidades, haga lo que tenga que hacer en materia de vacunación para prevenir contagios en la próxima vendimia y el resto de principales campañas agrícolas valencianas”.

Ambos dirigentes agrarios señalan que “las administraciones no pueden seguir mostrando la misma pasividad e insensibilidad con un sector que durante la pandemia ha demostrado su papel esencial para suministrar alimentos a la sociedad. Esta falta de vacunación viene a sumarse a las normativas establecidas el año pasado tanto por la Generalitat como por el Gobierno central con las que eluden sus responsabilidades en las campañas agrícolas y cargan con sobrecostes y más burocracia a los agricultores. Instrucciones en materia de seguridad contra la pandemia, información, registro de datos personales o prevención de riesgos laborales, entre otras exigencias, acarrean duras sanciones en caso de incumplimiento y suponen un encarecimiento de los costes de producción que el sector no puede trasladar a los precios en origen”.