El campo español volverá a salir a la calle a finales de enero en una de las mayores movilizaciones agrarias de los últimos meses. La nota de prensa dice que, en unidad de acción, ASAJA, COAG y UPA han convocado protestas en toda España entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender el futuro del sector agrario y de la alimentación europea.
El detonante principal es el rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pero no es el único. A la oposición al tratado se suman la incertidumbre presupuestaria de la política agraria, el aumento de los costes de producción y una burocracia que, según las organizaciones, asfixia al sector y acaba trasladándose al consumidor final.
Una semana de protestas con un mensaje común
La nota de prensa asegura que ASAJA, COAG y UPA han activado un proceso de movilización que incluirá concentraciones, tractoradas y actos reivindicativos en todo el territorio nacional. Aunque se ha dado flexibilidad a las organizaciones territoriales para adaptar fechas y formatos a sus particularidades, el objetivo es concentrar el mayor número posible de acciones el 29 de enero, con el fin de visibilizar una respuesta coordinada del sector agrario.
El presidente de ASAJA ha sido claro al respecto: se busca que la fuerza del campo se perciba de forma simultánea en toda España, frente a decisiones políticas y comerciales que afectan directamente a la viabilidad de agricultores y ganaderos.
Mercosur, el principal detonante del conflicto
El rechazo al acuerdo UE-Mercosur en su formulación actual es el eje central de las protestas. ASAJA considera que se trata de un acuerdo desequilibrado, carente de reciprocidad y que genera competencia desleal para las producciones europeas.
Según la organización, el tratado pone en peligro sectores estratégicos como:
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Carne de vacuno
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Azúcar y remolacha
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Cítricos
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Ganadería extensiva
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Arroz
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Apicultura
El principal argumento es que permite la entrada en la Unión Europea de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera y bajo estándares muy inferiores a los exigidos a los productores europeos.
La nota de prensa recuerda un dato especialmente significativo: solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, según cifras de la propia Comisión Europea. Un nivel de control que ASAJA considera claramente insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas sanitarias.
A ello se suma un elemento clave: el reconocimiento público del Gobierno de Brasil de que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne. Para ASAJA, este hecho invalida cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo. Si el país exportador admite que no puede asegurar el cumplimiento de las normas, la entrada de esos productos en el mercado europeo resulta, a su juicio, inaceptable.
El falso argumento de los sectores “beneficiados”
Uno de los puntos que ASAJA ha querido desmontar es la idea de que productos como el aceite de oliva o el vino saldrán claramente beneficiados del acuerdo con Mercosur.
La organización advierte de que incluso estos sectores no obtendrán ventajas reales a corto plazo, debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización comercial. Además, países como Argentina, Brasil o Uruguay presentan un consumo interno muy reducido de aceite de oliva, lo que limita la existencia de un mercado real e inmediato para el producto español.
A esto se añade que estos países cuentan con producciones propias en crecimiento y con condiciones de producción muy alejadas de las exigencias medioambientales, laborales y sanitarias de la Unión Europea. Mientras algunos sectores europeos disfrutan de largos periodos de protección, otros se enfrentan a una liberalización prácticamente inmediata.
ASAJA sostiene que presentar el aceite de oliva como el gran beneficiado del acuerdo distorsiona la realidad y oculta los desequilibrios estructurales que genera el tratado. La apertura de mercados, recuerdan, es un proceso largo que requiere estabilidad, reglas claras y reciprocidad real.
Una balanza comercial claramente deficitaria
Los datos económicos refuerzan la oposición del sector. La balanza comercial agroalimentaria entre España y Mercosur es claramente deficitaria:
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Importaciones en 2024: más de 4.100 millones de euros
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Exportaciones españolas: apenas 463 millones de euros
Para ASAJA, estas cifras evidencian que el acuerdo no responde a los intereses del sector agrario español y que el impacto negativo recaerá principalmente sobre agricultores y ganaderos, sin beneficios proporcionales para la economía nacional.
Ante este escenario, la organización exige a los eurodiputados españoles que rechacen de forma clara y sin matices el acuerdo UE-Mercosur en su formulación actual.
Presupuesto agrario: menos fondos y más incertidumbre
Otro de los grandes motivos de la movilización es la preocupación por el futuro presupuesto agrario europeo. ASAJA denuncia la falta de claridad en las cifras, la existencia de recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a agricultura y ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al desarrollo rural.
La organización reclama una solución directa: poner los fondos que faltan en el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar de la PAC y evitar recortes que, según sus estimaciones, podrían alcanzar hasta el 22 %.
Costes de producción y burocracia asfixiante
El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. ASAJA alerta de que cultivos como los cereales podrían quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo.
A este contexto económico se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos. Trámites más complejos, mayores exigencias administrativas y falta de flexibilidad reducen la competitividad del sector y aumentan la frustración en el campo.
Una protesta que también defiende al consumidor
ASAJA insiste en que estas movilizaciones no solo buscan proteger al productor, sino también al consumidor europeo. Permitir la entrada de alimentos producidos bajo normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
El mensaje final es claro: el futuro del campo es también el futuro de la alimentación. Lo que está en juego no es solo la renta de agricultores y ganaderos, sino el modelo productivo europeo y la confianza de los ciudadanos en los alimentos que llegan a su mesa.
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