La organización agraria ASAJA presentará alegaciones a los parques fotovoltaicos ‘Otero’ y ‘Las Majadas’ promovidos por las empresas Profalmar Logistia SL y Onatrium Solar 1, SL, cuya información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental se publica este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de León. Los proyectos se pretenden implantar en la zona agrícola conocida como Los Payuelos, y se ven afectados los municipios de Santa María del Monte de Cea, Valdepolo y sobre todo El Burgo Ranero.
Ambos proyectos ocupan una superficie de 186,27 hectáreas (86,76+99,51) que en la actualidad son tierras de cultivo propiedad de las juntas vecinales, unas tierras que tendrán que dejar de cultivar los agricultores locales, viendo reducida considerablemente su explotación, sin compensación alguna por ello (se compensa al propietario, no al arrendatario).
La evacuación de la electricidad hacia el centro SE Luengos, en la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas, supone atravesar con un tendido eléctrico de alta tensión y sus correspondientes postes de anclaje la zona de los nuevos regadíos de Payuelos, causando importantísimos perjuicios a los propietarios y arrendatarios de estas fincas de regadío.
Según el control que lleva ASAJA de este tipo de inversiones, los proyectos publicados en boletines oficiales para iniciar los trámites administrativos de autorización e impacto ambiental, suman ya 52 en la provincia de León, con una potencia de 3.604.699 kw, y una superficie agrícola ocupada de 7.917 hectáreas de terreno.
ASAJA considera que todos los proyectos fotovoltaicos, junto a sus líneas de evacuación, son perjudiciales para los intereses agrarios de la provincia, por lo que está presentando alegaciones a todos ellos y anima a los agricultores afectados a que hagan lo propio. ASAJA considera que las juntas vecinales, muchas veces gestionadas por quienes no viven habitualmente en los pueblos, están dando la espalda a sus vecinos agricultores atraídos por unos futuros ingresos que tan siquiera son necesarios para ejercer sus competencias propias.
