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Ayer, 25 de febrero, publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales, que incluye en sus apartados la prórroga con carácter excepcional las licencias de las explotaciones ganaderas en cascos urbanos de pueblos de menos de 2500 habitantes, tal como había reclamado repetidamente ASAJA.

Concretamente, esta prórroga se recoge en la disposición final cuarta de la LEY 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, para ampliar la vigencia de las licencias otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2036.

Fue en el Consejo Agrario de Castilla y León celebrado en mayo de 2020 cuando ASAJA pidió al Gobierno regional que presentara en las Cortes de Castilla y León una modificación de la normativa para permitir la ampliación de las licencias de las ganaderías por un nuevo periodo igual al anterior, que finalizaba en 2021. Así pues, la modificación consiste en ampliar la vigencia de la licencia prevista en la ley quince años, hasta el 31 de diciembre de 2036.  Esta petición del sector ha sido defendida también en el seno del Consejo Económico y Social, en el que participa activamente ASAJA. El propio CES señalaba en su informe al anteproyecto de Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas de 2021 que “parece adecuado este cambio dado que en la actualidad existe aún un elevado número de explotaciones que mantienen toda o parte de su ubicación dentro de los cascos urbanos municipales, explotaciones que sostienen económicamente a un importante número de familias y que, verían seriamente comprometida su viabilidad económica en caso de perder su licencia”.

ASAJA considera que la regularización es un gran acierto, como prueba que estas ganaderías no sean hoy fuente de conflicto con los vecinos, y aunque la mayoría han cerrado, todavía quedan explotaciones en manos de sus titulares originarios o de sus descendientes en primer grado, y cerrarlas el próximo año supondría un gran impacto económico y social. La mayoría de estas explotaciones están en zonas periféricas de montaña, donde hacer nuevas construcciones ganaderas es muchas veces inviable e incluso, aun siendo fuera del casco urbano, plantearía mayores problemas para cumplir una legislación urbanística o medioambiental muy exigente. Por otra parte, ASAJA considera que “este no es el momento económico para cerrar ganaderías, por el contrario, es el momento de mantener todo lo que hay a la vez que se implementen medidas para tener un sector cada vez más moderno y competitivo”.

BOCYL

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