La organización agraria ASAJA Ávila ha trasladado a todos los partidos políticos un listado de medidas que considera “urgentes e imprescindibles” para garantizar la viabilidad del sector agrario y ganadero ante la proximidad de las elecciones autonómicas. En un comunicado hecho público este 3 de marzo, la organización advierte de que el campo “no necesita promesas ni titulares”, sino compromisos firmes y decisiones concretas que aseguren su futuro.
Desde ASAJA Ávila subrayan que el sector es estratégico desde el punto de vista económico, social, territorial y ambiental, pero atraviesa una situación crítica marcada por la pérdida de rentabilidad, el incremento descontrolado de costes, la inseguridad jurídica, el exceso de burocracia, los conflictos con la fauna salvaje, los incendios forestales recurrentes y la falta de relevo generacional.
La organización insiste en que su documento no responde a intereses ideológicos, sino que constituye una “hoja de ruta realista y técnica” orientada a garantizar explotaciones viables, profesionales y competitivas en la provincia.
Entre las principales reivindicaciones figura la integración de las competencias de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en una única consejería. A juicio de ASAJA, la separación actual genera contradicciones normativas, mayor carga administrativa y conflictos innecesarios. El sector agrario, sostienen, es gestor del territorio y parte de la solución ambiental, por lo que una cartera unificada permitiría mayor coherencia normativa y agilidad administrativa.
En el ámbito de la rentabilidad, la organización exige que ninguna política agraria se diseñe al margen de los costes reales de producción y reclama la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, con controles y sanciones que garanticen precios justos y contratos equilibrados. El cereal, los forrajes y las producciones ligadas al territorio figuran entre las más afectadas por la actual situación.
Reclamaciones de ASAJA
ASAJA Ávila reclama también una defensa firme del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), evitando recortes o procesos de renacionalización que puedan perjudicar a Castilla y León. La organización aboga por una simplificación real que reduzca la burocracia, los controles redundantes y las penalizaciones automáticas.
En este sentido, pide la eliminación del cuaderno digital obligatorio “tal como está planteado” y una flexibilización de los eco-regímenes y requisitos ambientales para adaptarlos a la realidad productiva de zonas de montaña, dehesas y secanos frágiles como los de Ávila.
Otro de los puntos clave es la exigencia de igualdad de condiciones frente a las importaciones de terceros países. ASAJA considera inaceptable que entren productos que no cumplen las mismas normas sanitarias, laborales y ambientales que se imponen a los productores españoles.
En este contexto, rechaza el acuerdo comercial con MERCOSUR, al que considera una amenaza directa para el sector por suponer una competencia desleal inasumible. La organización exige su paralización inmediata y la aplicación del principio de reciprocidad en los intercambios comerciales.
El cereal, principal cultivo de la provincia, atraviesa una situación que la organización califica de “crítica”. Por ello, reclama ayudas directas extraordinarias que compensen las graves pérdidas del sector y una mejora de las coberturas de los seguros agrarios como herramienta de estabilidad de rentas.
Asimismo, exige una política fitosanitaria basada en criterios científicos y técnicos. La retirada de materias activas sin alternativas eficaces, advierte, deja a los agricultores en desventaja frente a terceros países cuyos productos sí pueden utilizar esos fitosanitarios y posteriormente acceder al mercado europeo.
En materia de ganadería, ASAJA pide políticas sanitarias basadas en criterios científicos y protocolos viables, así como apoyo económico ante restricciones obligatorias que supongan pérdidas productivas. También reclama actuar sobre la fauna salvaje como reservorio de enfermedades y evitar la criminalización del ganadero en crisis sanitarias.
Especial preocupación suscita la expansión del lobo, cuya presencia —según la organización— pone en riesgo la viabilidad de la ganadería extensiva. ASAJA exige permitir su control poblacional mediante medidas eficaces, incluida la gestión cinegética, así como sistemas de indemnización rápidos y completos que cubran el valor real del animal muerto y los daños indirectos.
La gestión del agua ocupa otro capítulo central. La organización denuncia la falta de inversiones y las políticas restrictivas que, a su juicio, lastran el desarrollo agrario. Reclama mantener, modernizar y ampliar infraestructuras hidráulicas, garantizar el acceso al regadío y adaptar contratos y tarifas eléctricas a las necesidades de los regantes.
En el plano fiscal, ASAJA considera imprescindible revisar el sistema de módulos y aplicar reducciones que tengan en cuenta la volatilidad de costes y precios. También exige un refuerzo del sistema de seguros agrarios ante el aumento de fenómenos climáticos extremos, como sequías prolongadas, heladas tardías, incendios y daños por fauna.
Finalmente, la organización pone el foco en el relevo generacional. “Sin jóvenes no hay futuro”, advierte, reclamando ayudas eficaces, financiación accesible, incentivos fiscales y menos trabas burocráticas para facilitar la incorporación al campo, así como medidas que mejoren el acceso a la tierra, al crédito y a la vivienda en el medio rural.
ASAJA Ávila concluye su comunicado reclamando a los partidos compromisos concretos y verificables. A su juicio, el futuro del medio rural y la producción de alimentos dependen de decisiones políticas valientes que sitúen al sector agrario en el centro de la agenda autonómica.
