ASAJA ha alzado la voz ante lo que considera una vulneración grave de los principios que rigen el comercio justo y el respeto al derecho internacional. La organización agraria ha pedido formalmente al Parlamento Europeo que rechace la renovación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, negociado de forma acelerada y sin garantías suficientes. Este nuevo pacto, según ASAJA, amenaza la equidad del mercado europeo, la transparencia institucional y la competitividad de los agricultores comunitarios, en especial los del arco mediterráneo.
Un acuerdo negociado “exprés” sin transparencia ni consulta
Durante su participación en el Grupo de Diálogo Civil sobre Frutas y Hortalizas y en el Grupo de Diálogo Civil sobre Aspectos Internacionales de la Comisión Europea, ASAJA mostró su indignación por la forma en que se ha gestionado la renovación del acuerdo UE–Marruecos. La organización denuncia que tanto la Comisión como los Estados miembros implicados —especialmente España y Francia— han optado por una vía exprés que elude los mecanismos habituales de transparencia, evaluación de impacto y consulta a las partes afectadas.
Según ASAJA, esta decisión repite los errores del acuerdo anterior, que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) precisamente por incumplir el derecho internacional y por no respetar la soberanía del pueblo saharaui. Pese a este precedente judicial, el nuevo pacto vuelve a incluir productos originarios del Sáhara Occidental como si procedieran de Marruecos, lo que, a juicio de la organización, constituye un acto de cinismo político y jurídico.
Ignorancia de los compromisos medioambientales y sociales
ASAJA advierte que el texto renovado no se ajusta a las nuevas realidades del comercio internacional ni a los compromisos europeos en materia climática y social. La organización subraya que la Comisión Europea ha pasado por alto los objetivos del Acuerdo de París y las obligaciones derivadas de la Ley de la Desforestación o de las normativas sobre sostenibilidad y derechos laborales.
Mientras los productores europeos deben cumplir estrictas normas ambientales, sociales y de seguridad alimentaria, los productos procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental entran al mercado europeo sin las mismas exigencias, generando una competencia desleal que erosiona la rentabilidad y la viabilidad del sector agrario mediterráneo.
ASAJA lamenta además que no se hayan introducido mejoras en los controles fronterizos, lo que permitirá seguir detectando —con escasa eficacia— frutas y hortalizas tratadas con fitosanitarios prohibidos en la UE. Esta ausencia de garantías pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores, además de desincentivar el esfuerzo de los agricultores europeos por adaptarse a los estándares más altos del mundo.
Controles fronterizos mínimos: un sistema ineficaz
Los datos facilitados por la propia Comisión Europea son, para ASAJA, el reflejo de una política incoherente. Apenas el 0,0082 % de las importaciones agrícolas procedentes de terceros países son inspeccionadas en las aduanas europeas, una cifra ínfima que compromete la trazabilidad, el control fitosanitario y la equidad del mercado interior.
Este nivel de vigilancia tan bajo deja abierta la puerta a prácticas ilegales o fraudulentas, como la triangulación de productos del Sáhara Occidental dentro de los contingentes comerciales de Marruecos, con el objetivo de evitar aranceles y eludir las normas de origen. ASAJA recuerda que la Comisión Europea ya ha reconocido esta práctica en el pasado, sin haber aplicado sanciones efectivas ni mecanismos de corrección.
La organización considera que esta actitud equivale a un doble rasero político, donde la flexibilidad se aplica solo cuando beneficia a terceros países, mientras se imponen obligaciones asfixiantes a los productores europeos.
Fondos europeos para territorios ocupados
Otro punto que ASAJA considera especialmente grave es el uso de fondos europeos para financiar proyectos agrícolas en territorios ocupados del Sáhara Occidental. Según la organización, la Comisión Europea está subvencionando la modernización de regadíos, infraestructuras y explotaciones agrícolas que se encuentran fuera de las fronteras reconocidas internacionalmente de Marruecos.
Esta práctica vulnera el derecho internacional, ya que implica el aprovechamiento económico de un territorio pendiente de descolonización sin el consentimiento de su pueblo. ASAJA denuncia que esta política legitima de facto la ocupación marroquí, al tiempo que otorga ventajas competitivas injustas a los productores instalados en esa zona.
El resultado, según la asociación, es una distorsión grave de las condiciones de mercado, donde los productos saharauis se benefician de preferencias arancelarias europeas sin cumplir los criterios de origen legítimos. Esta situación, además de contradecir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debilita la credibilidad de la propia Unión Europea como defensora del derecho internacional.
Llamamiento al Parlamento Europeo: rechazo frontal al acuerdo
En consecuencia, ASAJA ha solicitado al Parlamento Europeo y a los eurodiputados que rechacen de forma frontal la ratificación del nuevo acuerdo UE–Marruecos. La organización insiste en que el texto actual vulnera el principio de equidad, compromete la seguridad alimentaria europea y contradice los compromisos internacionales de la UE.
Para ASAJA, la ratificación de este pacto supondría un retroceso político y moral, ya que consolidaría un modelo de comercio desequilibrado, opaco y contrario a la sostenibilidad. Por ello, pide que el Parlamento abra un debate público amplio y transparente, donde se escuchen las voces de los agricultores, las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos.
La asociación subraya que España, Portugal, Italia, Grecia y Francia son los países más afectados por este tipo de acuerdos, ya que comparten una estructura agraria de pequeñas y medianas explotaciones familiares altamente dependientes de la rentabilidad de las campañas de frutas y hortalizas. Estas explotaciones no pueden competir en igualdad de condiciones con productos procedentes de terceros países que no respetan las mismas normas ambientales, laborales ni fiscales.
ASAJA defiende que cualquier política comercial europea debe garantizar la reciprocidad normativa: quien quiera vender en el mercado comunitario debe cumplir las mismas reglas que los agricultores europeos. De lo contrario, la Unión corre el riesgo de desindustrializar su propio sector primario, aumentar su dependencia alimentaria externa y perder soberanía económica y territorial.
Conclusión: un acuerdo que pone en entredicho los valores europeos
La denuncia de ASAJA no es solo una cuestión sectorial o comercial; es un llamamiento político y ético. La organización sostiene que la Unión Europea no puede predicar sostenibilidad, equidad y respeto a los derechos humanos mientras firma acuerdos que hacen justo lo contrario.
El nuevo pacto con Marruecos amenaza la coherencia interna del proyecto europeo, pues combina intereses económicos a corto plazo con una falta de compromiso con la justicia internacional. En palabras de ASAJA, “no puede haber sostenibilidad ni equidad sin respeto al derecho internacional”.
Si el Parlamento Europeo decide ratificar este acuerdo, la confianza de los agricultores europeos en las instituciones comunitarias se verá seriamente dañada. Por ello, ASAJA insta a los eurodiputados a defender el principio de reciprocidad, la igualdad de condiciones y la dignidad del campo europeo.
