La implantación de parques fotovoltaicos en zonas agrícolas productivas de Málaga ha generado un fuerte rechazo por parte de los agricultores, especialmente en el término municipal de Teba. En este caso concreto, ASAJA Málaga denuncia que, a diferencia de otras instalaciones similares que han contado con negociaciones transparentes y acuerdos previos con los propietarios, en este proyecto se pretende ocupar una parte significativa de terrenos sin el consentimiento de los agricultores.
Este hecho supone una vulneración de los derechos de los propietarios, que han desarrollado en los últimos años explotaciones agrícolas viables y en plena producción. ASAJA Málaga no se opone al desarrollo de energías renovables, pero sí exige que se respete el derecho de los agricultores y que no se utilicen mecanismos de utilidad pública para beneficiar a empresas privadas en detrimento del sector agrario.
🔹 Crecimiento de los parques fotovoltaicos en Málaga
En los últimos años, Málaga se ha convertido en una de las provincias con mayor crecimiento de instalaciones fotovoltaicas. Según datos de la Junta de Andalucía, en la provincia hay en la actualidad más de 50 proyectos de energía solar aprobados o en tramitación, que suman una potencia estimada de 1.200 megavatios (MW).
A nivel regional, Andalucía lidera la producción de energía solar fotovoltaica en España, con más de 8.500 MW instalados, lo que representa cerca del 30% de la capacidad total del país. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de conflictos con el sector agrícola, ya que muchos de estos proyectos se están desarrollando en tierras de cultivo.
🔹 Impacto sobre el sector agrícola en Teba
El proyecto de Teba afectaría a un número importante de agricultores cuyos terrenos están ocupados por olivares jóvenes en plena producción.
Principales problemas que genera este proyecto:
✔️ Pérdida de tierras agrícolas productivas: Muchas de las parcelas afectadas están siendo explotadas con éxito y han requerido grandes inversiones en los últimos años.
✔️ Reducción de la rentabilidad agrícola: Los terrenos que no serán ocupados en su totalidad quedarán fragmentados y sin viabilidad económica, dificultando su explotación.
✔️ Afectación a explotaciones ganaderas: Algunas de estas fincas combinan la producción agrícola con la ganadería, utilizando los residuos agrarios como fertilizante natural, lo que se vería comprometido.
✔️ Falta de comunicación y transparencia: ASAJA Málaga denuncia que no se ha llevado a cabo una negociación efectiva con los propietarios antes de avanzar en los trámites burocráticos.
✔️ Riesgo de despoblación rural: La conversión de tierras agrícolas en parques fotovoltaicos destruye empleos en el sector primario y puede provocar el abandono de explotaciones, afectando a la economía local.
🔹 Mecanismos de «utilidad pública» que benefician a empresas privadas
Uno de los puntos más controvertidos de este conflicto es el uso del concepto de «utilidad pública» para expropiar tierras agrícolas y facilitar la implantación de infraestructuras privadas. Según ASAJA Málaga, esta práctica supone una desprotección absoluta de los agricultores, quienes no tienen opción de negociar en igualdad de condiciones con las grandes empresas del sector energético.
En los últimos años, múltiples organizaciones agrarias han denunciado la proliferación de proyectos fotovoltaicos en suelo agrícola sin garantías de protección para el sector primario. En otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura, los agricultores han llevado casos similares ante los tribunales, exigiendo que se garantice el derecho a la explotación agraria frente a los intereses de las empresas energéticas.
🔹 Posición de ASAJA Málaga y exigencias a la administración
ASAJA Málaga demanda:
✅ Revisión de la declaración de «utilidad pública» del proyecto de Teba para evitar que las empresas energéticas puedan instalarse en tierras productivas sin consenso con los agricultores.
✅ Búsqueda de terrenos alternativos menos productivos, evitando afectar a explotaciones viables que generan empleo y riqueza en la zona.
✅ Mayor transparencia y acceso a la información pública, garantizando que los agricultores tengan conocimiento previo y suficiente margen de negociación antes de la implantación de cualquier proyecto fotovoltaico.
✅ Fomento de la participación del sector agrario en la planificación de infraestructuras energéticas, asegurando que el desarrollo de energías renovables no se haga a costa de la agricultura y la ganadería.
🔹 Situación legal y antecedentes en otras provincias
El problema de la ocupación de terrenos agrícolas por parques fotovoltaicos no es exclusivo de Málaga. En otras provincias, como Córdoba, Sevilla y Granada, ya han existido conflictos similares entre agricultores y promotores de energía solar.
🔹 En Córdoba, la implantación de un parque fotovoltaico en la campiña sur generó una fuerte oposición de los agricultores, quienes lograron frenar el proyecto tras una larga batalla legal.
🔹 En Sevilla, en 2024, ASAJA y COAG lograron que la Junta de Andalucía anulara la autorización de un proyecto solar en zonas de cultivo altamente productivas.
🔹 En Granada, un grupo de agricultores ha denunciado que las expropiaciones han sido impuestas sin un proceso de negociación real, lo que ha llevado el caso ante los tribunales.
Estos antecedentes muestran que la lucha por el respeto a la actividad agrícola frente a la expansión de los parques fotovoltaicos es un problema generalizado en Andalucía.
🔹 Conclusión: Energías renovables sí, pero con consenso
ASAJA Málaga insiste en que no se opone al desarrollo de la energía fotovoltaica, pero exige que se haga de manera planificada y consensuada con los agricultores. La sostenibilidad energética no puede imponerse a costa de la sostenibilidad agraria, ya que el campo andaluz es un pilar clave para la economía y el empleo rural.
Por ello, desde la organización agraria se hace un llamamiento a las administraciones públicas para que revisen la legislación vigente, eviten la imposición de proyectos sin el acuerdo de los afectados y fomenten una transición energética equilibrada que respete los intereses del sector primario.
