La organización agraria ASAJA de León ha pedido esta mañana a través de un comunicado a las entidades locales de la provincia (ayuntamientos y juntas vecinales), que se revelen contra la decisión unilateral de las autoridades agrarias, representadas por el ministerio de Agricultura y la consejería de Agricultura, de reducir el coeficiente de admisibilidad de pastos en los terrenos públicos que administran.
ASAJA les aconseja que «utilicen el momento político para defender sus bienes patrimoniales, que se quedarán devaluados si pierden parte del aprovechamiento ganadero». Desde el pasado día 1 de marzo, todas las fincas de pastos arbolados de la provincia de León, que se pueden consultar en el Sigpac (Sistema de Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas), figuran con un coeficiente de admisibilidad de pastos, el cual tiene como finalidad reducir la superficie utilizable a efectos de las ayudas de la PAC descontando el terreno que se supone que no es apto para el aprovechamiento del ganado por su elevada pendiente, su superficie rocosa, o sobre todo por tener masas arbóreas o arbustivas. El pasado lunes, ASAJA en nota de prensa denunció que más del 50 por ciento de la superficie de pastos quedaría fuera de uso con esta nueva normativa. Al parecer, hasta la previsión de ASAJA se quedó corta, señalan en el comunicado, pues extraoficialmente se ha indicado que es un 57%. «De esta forma, de las 155.000 hectáreas que se declararon el pasado año como utilizadas por el ganado, de pastos arbustivos, este año únicamente se podrán utilizar 67.500, lo que supone un duro golpe para la ganadería de montaña de la provincia» apunta la organización.
ASAJA recuerda que el ganadero poco puede hacer ante esta situación, pues no es dueño sino arrendatario de los pastos, por lo que han de ser los presidentes de las juntas vecinales y los alcaldes de los ayuntamientos los que exijan soluciones reales e inmediatas a la Junta de Castilla y León. Esta reducción de la superficie de pastos afectará a las ayudas del llamado “pago base”, las “ayudas acopladas” que exigen además de cabezas de ganado un superficie forrajera acorde a las mismas, las ayudas agroambientales como la de “pastoreo extensivo” y las “ayudas a zonas desfavorecidas de montaña”.
En el comunicado, ASAJA señala que trasladó ayer este problema a la consejera de Agricultura Silvia Clemente, en el trascurso de un encuentro informal, y que le manifestó la preocupación por el daño que la medida va a ocasionar a los ganaderos de montaña. «Hay que recordar que en estas zonas, donde se vive en condiciones difíciles como bien ha quedado de manifiesto tras la temporada de fuertes nevadas, la ganadería es prácticamente la única actividad económica, la que asienta población y la que contribuye a que se mantenga todavía algún signo de vida en muchos pueblos» sentencia esta organización.
