ASAJA de León activa la vía judicial para defender a los agricultores excluidos de las ayudas autonómicas por los incendios del verano pasado, una decisión que llega tras meses de silencio administrativo y que afecta a decenas de explotaciones agrarias que sí cumplieron los requisitos exigidos. La organización agraria prepara un recurso contencioso-administrativo colectivo contra la Junta de Castilla y León por la exclusión de agricultores y ganaderos profesionales de unas ayudas directas que, según denuncia, se aplicaron con criterios injustos y erróneos.
Una acción legal para reparar una exclusión injusta
La nota de prensa dice que ASAJA de León ha puesto en marcha una acción legal colectiva para recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo la resolución de las ayudas concedidas a agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.
La organización denuncia que varias decenas de profesionales del campo, que cumplían los requisitos exigidos en la normativa, fueron excluidos de los listados de beneficiarios sin explicación ni resolución expresa a los recursos presentados. Esta situación ha llevado a ASAJA a considerar agotada la vía administrativa y a activar la vía judicial.
¿A quién iban dirigidas las ayudas?
Las ayudas recurridas fueron aprobadas por la Junta de Castilla y León mediante un procedimiento de concesión directa, recogido en las Órdenes AGR/978/2025 y AGR/995/2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Según el comunicado de prensa, los beneficiarios debían cumplir los siguientes requisitos:
-
Ser agricultores o ganaderos profesionales.
-
Cotizar a la Seguridad Social por su actividad agraria.
-
Tener superficie de cultivos herbáceos declarada en la PAC.
-
Estar ubicados en municipios oficialmente afectados por los incendios.
-
Que las parcelas hubieran sido realmente calcinadas durante los fuegos.
A pesar de cumplir estos criterios, numerosos solicitantes no fueron incluidos en la resolución definitiva, lo que dio lugar a la presentación de recursos de reposición.
Recursos de reposición sin respuesta: cuatro meses de silencio
El comunicado asegura que los agricultores excluidos presentaron en tiempo y forma el correspondiente recurso de reposición, un trámite administrativo previo al contencioso-administrativo. Según la propia página web de la Consejería, el plazo máximo para resolver estos recursos era de un mes.
Sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde su interposición sin que los afectados hayan recibido respuesta alguna, ni siquiera una notificación formal de desestimación. Tampoco ASAJA, que respaldó estas ayudas en el Consejo Regional Agrario, ha recibido información oficial.
Este silencio administrativo prolongado es interpretado por la organización como una desestimación tácita de los recursos, lo que habilita legalmente la interposición del recurso contencioso.
El origen del conflicto: la cosecha de los cereales de secano
Uno de los puntos clave del conflicto, según la nota de prensa, reside en la interpretación realizada por la Consejería sobre el estado de los cultivos en el momento de los incendios.
La mayoría de los recursos se fundamentan en que la Administración autonómica entendió que:
-
En la segunda y tercera semana de agosto, cuando se produjeron los incendios,
-
Los cereales de secano ya estaban cosechados,
-
Y, por tanto, no existía daño indemnizable en las parcelas afectadas.
ASAJA rechaza de forma tajante esta interpretación y sostiene que no se ajusta a la realidad agronómica, calificándola incluso de prejuicio por parte del personal directivo responsable de la decisión.
El comunicado de prensa va más allá y afirma que esta actuación “raya incluso en la prevaricación”, al aplicar un criterio generalizado sin comprobar la situación real de las parcelas afectadas por el fuego.
Silencio administrativo, desprecio institucional y falta de empatía
Desde ASAJA se denuncia no solo una irregularidad administrativa, sino también una falta absoluta de sensibilidad institucional hacia los damnificados. La organización considera que la ausencia de respuesta:
-
Supone un desprecio hacia los agricultores afectados.
-
Refleja una nula empatía con quienes sufrieron una catástrofe natural.
-
Evidencia que, una vez desaparecido el foco mediático, las administraciones olvidan a las víctimas.
El comunicado sostiene que los hechos demuestran que los responsables políticos actúan en función de intereses coyunturales, y que las promesas y compromisos asumidos durante las emergencias se diluyen con el paso del tiempo.
Preparación del recurso contencioso-administrativo
Ante esta situación, ASAJA ha encargado formalmente a su despacho jurídico, Álvarez Higuera Abogados, la preparación del Recurso Contencioso Administrativo en una acción colectiva.
El objetivo es presentar el recurso antes de que finalice el mes de febrero, un momento especialmente relevante al coincidir con la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
La organización convocará en los próximos días a los socios afectados para:
-
Informarles detalladamente de la iniciativa legal.
-
Coordinar la acción colectiva.
-
Proceder al apoderamiento de abogados y procuradores.
La cuantía reclamada asciende a 5.500 euros por explotación afectada, una ayuda que, según ASAJA, corresponde legítimamente a los damnificados.
Un agravio comparativo: ayudas estatales sí, autonómicas no
Un elemento especialmente relevante señalado en la nota de prensa es que todos los agricultores excluidos de la ayuda autonómica sí percibieron la ayuda aprobada por el Gobierno de España, canalizada a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este hecho refuerza, según ASAJA, la tesis de que:
-
Los daños fueron reales y acreditados.
-
Las explotaciones cumplían los requisitos objetivos.
-
La exclusión autonómica carece de una justificación técnica sólida.
El agravio comparativo entre administraciones añade un nuevo argumento al recurso judicial y pone en cuestión la coherencia de la actuación de la Junta de Castilla y León.
Un conflicto con implicaciones políticas y sociales
Más allá de la dimensión jurídica, el caso tiene una clara lectura política y social. La interposición del recurso en plena campaña electoral pone el foco en:
-
La gestión de las catástrofes naturales.
-
El cumplimiento efectivo de los compromisos con el medio rural.
-
La credibilidad de las políticas de apoyo al sector agrario.
ASAJA subraya que no se trata únicamente de una reclamación económica, sino de una defensa del respeto institucional hacia quienes sostienen el territorio y la producción de alimentos.
Un precedente clave para futuras ayudas
El resultado de este recurso contencioso-administrativo puede sentar un precedente importante para futuras ayudas por catástrofes naturales. En juego no está solo una compensación económica, sino:
-
La correcta aplicación de los criterios técnicos.
-
El derecho de los agricultores a una resolución motivada.
-
La obligación de las administraciones de responder en plazo.
-
La necesidad de evitar interpretaciones genéricas que ignoren la realidad del campo.
ASAJA de León deja claro que llegará hasta el final para defender los derechos de sus socios y de los agricultores afectados por unos incendios cuyas consecuencias, meses después, siguen sin cerrarse.
