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  • El Gobierno de España da la puntilla al sector agrario multiplicando por dos la factura de la luz, un atraco al sector camuflado bajo el denominado “tope del precio del gas”

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila denuncia, que lejos del humo que a diario vende el Gobierno de España sobre la “excepción ibérica”, la factura de la electricidad se ha duplicado debido a un nuevo sobrecoste normativo que se refleja en las facturas como “coste del tope del gas”, al que además graban con un 21% de IVA.

Los regantes y ganaderos de porcino, avícola y aptitud láctea, especialmente, reciben estupefactos estos días las facturas con un importe que multiplica por dos el ya de por si desmesurado coste que venían abonando a las eléctricas. Ello se debe al cambio normativo aprobado en mayo por el Gobierno mediante el RD-Ley 10/2022 “que establece el mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista”. Lejos de lograr su objetivo, contener o reducir el importe de la factura, la está multiplicado por dos a regantes y ganaderos.

Sirva para su comprensión como ejemplo la factura que estos días le ha llegado a un joven cultivador de remolacha del norte de la provincia de Ávila, correspondiente al mes de julio, donde para una superficie regada por sondeo de 8 hectáreas se le cobran 7.680 euros, de los que el 50% (3.740 euros) se corresponde a lo que imputan como “coste de tope de gas RD-Ley 10/2022”, lo que le supone cerca de los 1.000 euros de coste del riego en el pasado mes de julio.

Este concepto se viene cebando con los consumidores acogidos al mercado libre desde el pasado 15 de junio de 2022, y viene referenciado a la cotización del precio del gas en España, por lo que como este precio no deja de incrementarse en los mercados, se espera un mazazo aún mayor en la próxima factura de la electricidad correspondiente al consumo del mes de agosto.

Sólo el coste de la energía necesaria para el riego por sondeo en la presente campaña ascenderá a los 4.000 euros por hectárea, lo que hace inviable prácticamente cualquier tipo de cultivo de regadío. En el supuesto analizado, supone que los costes del cultivo de la remolacha azucarera se elevarán la presente campaña hasta los 7.000 euros por hectárea, de los que más del 50% son debidos al coste de la electricidad, mientras que los ingresos de la producción rondarán los 5.000 euros (incluyendo ahí el precio pagado por la industria azucarera y las ayudas asociadas y agroambientales establecidas por la Administración para este cultivo). Ello, además, pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Ley de medidas para mejorar funcionamiento de la cadena alimentaria recientemente reformada por el Gobierno ya que, claramente, los ingresos no cubrirán los costes efectivos de producción. A medio plazo también conllevará la destrucción del empleo que se genera en la industria auxiliar, de medios de producción, transporte y fabril que gira alrededor de todos estos cultivos de regadío y producciones animales.

Un verdadero atraco consentido que implica que, trabajando, los regantes y ganaderos se arruinen al tiempo que los resultados de las eléctricas no dejan de abultarse gracias al beneplácito de un Gobierno sumiso a ellas que lo permite, lo legitima y saca tajada vía impuestos como el IVA con el que también graba lo facturado en concepto de “tope de precio del gas” por las eléctricas.

ASAJA de Ávila exige la modificación de este injusto decretazo del Gobierno, convalidado por el Congreso de los Diputados gracias a los votos favorables del grupo socialista y sus socios de Gobierno, un decretazo que está arruinando a miles de regantes y ganaderos ya de por si maltrechos en la actual situación con costes de producción disparados donde las cuentas no salen, que supone la destrucción del sector agrario y un atentado a la propia soberanía alimentaria nacional. ASAJA insta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a hacerse cargo de primera mano de este gravísimo problema dándole una urgente solución favorable a los intereses del sector agroalimentario al que representa en el seno del Consejo de Ministros.

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