La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha calificado de “inaceptable” la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias destinadas al olivar y al viñedo de secano previstas en la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Estas ayudas, dotadas con 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— debían haberse concedido en un plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la norma. Sin embargo, más de medio año después, la medida sigue sin aplicarse.
En una respuesta parlamentaria conocida el 24 de noviembre, el Ejecutivo ha reconocido que “no es posible allegar los recursos necesarios” y argumenta que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 no incluyen esta partida y, al estar prorrogados, no permiten activar las ayudas. ASAJA considera esta justificación inadmisible y advierte de que “no se pueden dar excusas para incumplir una ley”. La organización subraya que la propia norma establece un mandato claro para aprobar esta ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, destinada a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de secano especialmente vulnerables a la sequía y al incremento de costes.
ASAJA recuerda que otros sectores agrarios, como el arroz, los frutales, los frutos secos, el tomate de industria o los cultivos herbáceos, sí han recibido ayudas extraordinarias por impacto de la sequía o por el aumento de costes energéticos y de insumos tras la invasión rusa de Ucrania. Por ello, considera que “no existe justificación alguna” para que el olivar y el viñedo queden excluidos del mismo apoyo, más aún cuando la ley recoge explícitamente la obligación de activar estas ayudas.
La organización incide en que se trata de dos cultivos esenciales para la economía agraria española y para el sostenimiento del medio rural. El viñedo español ocupa 924.000 hectáreas, lo que representa el 13% de la superficie mundial, con una producción anual superior a 32 millones de hectolitros y más de 3.500 millones de euros en exportaciones. En torno a 532.000 viticultores mantienen esta actividad, en su mayoría desde pequeñas explotaciones. El viñedo de secano, mayoritario en muchos territorios, es además uno de los sistemas productivos más vulnerables a la sequía prolongada y al encarecimiento de la energía y de los fertilizantes.
El olivar, por su parte, suma 2,75 millones de hectáreas, de las que 2,55 millones corresponden a olivar de almazara y 1,9 millones a secano, el segmento más castigado por la falta de lluvias. Más de 350.000 agricultores dependen de este cultivo, junto con 15.000 empleos industriales y más de 32 millones de jornales cada campaña. ASAJA subraya que es un cultivo estratégico para España, con un enorme peso económico, social y exportador.
La producción de aceite de oliva, además, es extremadamente sensible a las variaciones climáticas: la campaña 2023/24 cerró con 855.600 toneladas, una de las más bajas de la última década, mientras que 2024/25 apunta a 1.414.600 toneladas, un incremento que, pese a su relevancia, no compensa las pérdidas acumuladas en campañas anteriores ni la volatilidad del mercado.
ASAJA advierte de que la decisión del Gobierno “genera una inseguridad jurídica insostenible” para los agricultores profesionales que, al amparo de la ley, esperaban la activación automática de estas ayudas. La organización recuerda que la norma establece un mecanismo de concesión directa y sin solicitud previa, lo que refuerza el carácter obligatorio de su puesta en marcha. Sin embargo, la falta de dotación presupuestaria y el retraso en la aprobación de los pagos han dejado en el aire la planificación de miles de explotaciones.
Este escenario afecta directamente a decisiones esenciales de gestión agrícola, como la compra de insumos, la contratación de personal, la realización de podas, la reposición de plantas o la aplicación de tratamientos. Sin el respaldo económico previsto por la ley, muchas explotaciones de secano —ya castigadas por años de escasez hídrica y por la escalada de costes— podrían enfrentarse a una situación crítica que derive en el abandono de tierras, especialmente en zonas rurales con problemas de despoblación.
Según ASAJA, “no activar estas ayudas supone dejar sin protección a los agricultores más vulnerables, precisamente aquellos para los que la ley fue diseñada”. La organización insiste en que la medida no es discrecional, sino que forma parte de una estrategia legislativa aprobada por las Cortes para amortiguar los efectos más graves de la crisis climática y económica sobre los cultivos de secano.
Un llamamiento urgente al Ministerio de Agricultura por parte de ASAJA
Ante este escenario, ASAJA exige una respuesta inmediata y precisa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La organización reclama:
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La activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025.
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La dotación presupuestaria inmediata que permita ejecutar las ayudas.
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La publicación de un calendario oficial de pagos que aporte certidumbre a los agricultores.
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Claridad sobre los criterios de reparto, beneficiarios y superficies incluidas.
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Igualdad de trato respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias en los últimos años.
“La agricultura profesional necesita certezas, no más incertidumbre administrativa”, señala la organización. ASAJA recuerda que tanto el olivar como el viñedo son pilares fundamentales de la economía rural y del tejido social de muchas comarcas. Su debilitamiento, advierte, tendría consecuencias irreversibles para el empleo, la producción agraria, la protección del territorio y la prevención del abandono rural.
El incumplimiento de la ley llega en un momento crítico para el sector de secano. La sequía prolongada de los últimos años ha reducido considerablemente las producciones, deteriorado la estructura de los árboles y mermado la viabilidad económica de numerosas explotaciones. A ello se suma el repunte de los costes energéticos, el encarecimiento de fertilizantes y fitosanitarios, y la volatilidad de los mercados internacionales, factores que han erosionado de forma significativa los márgenes productivos.
ASAJA subraya que las ayudas previstas en la ley eran una herramienta fundamental para equilibrar estas presiones y evitar el colapso de numerosas explotaciones familiares. Su ausencia, denuncia, “pone en riesgo a un sector clave que sostiene a miles de familias y que forma parte esencial de nuestra identidad agraria y alimentaria”.
