Asaja Córdoba lamenta profundamente la posición del PSOE, IU y PODEMOS en el Parlamento Andaluz, donde han votado en contra de la supresión del injusto y confiscatorio Impuesto de Sucesiones en Andalucía, lo que hace que los andaluces sigan siendo ciudadanos de segunda clase frente a los de otras Comunidades Autónomas, lo cual es tremendamente abusivo y discriminatorio para las personas residentes en Andalucía.
Asimismo, Asaja manifiesta su malestar por cambio de opinión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hace tan sólo dos semanas, dejó claro que su posición era la de dejar morir al impuesto de sucesiones por dos motivos: porque su voluntad es la de cumplir el acuerdo parlamentario con Ciudadanos y porque cree que este impuesto ha sufrido “un proceso de deslegitimación”, en el que se han empleado argumentos injustos, pero también justos.
Por el contrario, Asaja valora muy positivamente la iniciativa del PP de acabar por fin en Andalucía con el Impuesto de sucesiones y que Cs se haya sumado a ella, como la organización agraria lleva demandando desde hace años. Por tanto, Asaja se felicita del cambio de posición de Cs, al exigir por fin al Gobierno Andaluz el mismo tratamiento para los andaluces que el que tienen las personas de otras comunidades autónomas.
El Presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica, por lo que es una reivindicación histórica de Asaja”.
Esta carga va “en contra de la actividad económica y, además, es confiscatoria e injusta”. La organización agraria considera que la Administración autonómica está imputando una riqueza irreal o inexistente por la que injustamente se tiene que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, establece estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad.
Asimismo, la eliminación de este impuesto supone traer una fiscalidad más moderna y con una mayor generación de actividad económica.
Fernández de Mesa dice que este es el impuesto de la “demagogia y la injusticia” porque, aunque es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español.
