La nueva Orden 76/2026 de la Viceconsejería de Medio Ambiente ha provocado un fuerte rechazo entre los agricultores de Castilla-La Mancha. ASAJA considera que la normativa introduce nuevas restricciones durante la campaña de cosecha que incrementarán los costes de producción, dificultarán el trabajo en el campo y reducirán la rentabilidad de miles de explotaciones cerealistas.
La organización agraria ha acusado directamente a la Administración regional de volver a cargar sobre el sector agrícola una responsabilidad que considera injustificada. Según ASAJA CLM, la regulación establece obligaciones y limitaciones que afectan especialmente a las labores de recolección en una campaña marcada por la incertidumbre económica, el aumento de costes y la creciente preocupación por la soberanía alimentaria.
Qué establece la nueva Orden 76/2026 sobre incendios forestales
La Orden 76/2026, publicada el 26 de mayo, regula las medidas preventivas, los usos del fuego y las actividades consideradas de riesgo de incendio forestal en Castilla-La Mancha.
El objetivo de la normativa es reducir la probabilidad de incendios durante los meses de mayor riesgo. Sin embargo, ASAJA considera que buena parte de las restricciones recaen directamente sobre la actividad agraria, especialmente sobre las labores de cosecha del cereal.
La organización sostiene que las nuevas exigencias incrementan los costes operativos por hectárea, generan más burocracia y dificultan la organización del trabajo en uno de los momentos más importantes del año para los agricultores.
ASAJA rechaza que se responsabilice al sector agrario de los incendios
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha defendido que los agricultores no pueden ser señalados como responsables principales de los incendios forestales.
Según Fresneda, los incendios representan un problema social de enorme importancia, pero el sector agrario está «muy lejos de ser el responsable» de la mayoría de estos sucesos.
El dirigente agrario ha insistido en que los agricultores colaboran activamente en la prevención y extinción de incendios y ha reclamado que las administraciones dejen de criminalizar al sector por los accidentes que puedan producirse durante las campañas agrícolas.
Asimismo, ha pedido que la atención se dirija hacia las causas que, según ASAJA, originan la mayor parte de los grandes incendios forestales.
La organización alerta sobre el impacto económico en las explotaciones
ASAJA considera que la nueva regulación llega en un momento especialmente delicado para el sector agrícola.
La organización recuerda que los agricultores afrontan elevados costes de producción, incertidumbre en los mercados internacionales y una creciente presión regulatoria.
En este contexto, la imposición de nuevas obligaciones durante la cosecha supone, a juicio de ASAJA, un nuevo golpe para la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.
José María Fresneda ha criticado además que, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la necesidad de reforzar la producción alimentaria, se impulsen medidas que dificultan el trabajo de quienes producen alimentos.
Las tres modificaciones que exige ASAJA Castilla-La Mancha
El vicepresidente de ASAJA CLM, Juan José Laso, ha calificado la normativa como «desproporcionada e injusta para el sector agrario».
La organización reclama tres cambios fundamentales:
Excluir a las cosechadoras del ámbito de aplicación
ASAJA considera que las cosechadoras no deberían estar sometidas a algunas de las restricciones previstas en la orden.
Según la organización, estos equipos son esenciales para la recolección y las limitaciones pueden provocar retrasos y mayores costes durante la campaña.
Ampliar la superficie forestal de referencia
La organización solicita elevar de 5 a 100 hectáreas la superficie forestal continua utilizada como referencia para aplicar determinadas restricciones.
ASAJA recuerda que este criterio ya se aplica en otras comunidades autónomas, citando expresamente el caso de Aragón.
A juicio de la organización, la referencia actual resulta excesivamente restrictiva para amplias zonas cerealistas de Castilla-La Mancha.
Eliminar la declaración responsable
El tercer punto de conflicto es la exigencia de presentar una declaración responsable.
ASAJA rechaza frontalmente esta figura administrativa y ha advertido que no quiere convertirse en «cómplice» de un sistema que considera inadecuado para el sector agrario.
Un nuevo enfrentamiento entre agricultores y Medio Ambiente
La publicación de la Orden 76/2026 abre un nuevo capítulo de tensión entre las organizaciones agrarias y la Administración regional.
Mientras Medio Ambiente defiende la necesidad de reforzar la prevención de incendios forestales durante los meses de máximo riesgo, ASAJA sostiene que la norma traslada al agricultor una carga económica y administrativa excesiva.
La campaña de cosecha de cereal está a punto de comenzar en Castilla-La Mancha y la organización agraria reclama que la Junta modifique la normativa antes de que las nuevas restricciones entren plenamente en funcionamiento.
Preguntas frecuentes sobre la normativa de incendios y el cereal
¿Por qué ASAJA rechaza la Orden 76/2026?
Porque considera que incrementa los costes de producción, limita la actividad agrícola y reduce la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.
¿Qué maquinaria preocupa especialmente al sector?
Las cosechadoras, ya que las restricciones pueden dificultar el desarrollo normal de la campaña de recolección.
¿Qué cambio propone ASAJA sobre la superficie forestal?
Solicita ampliar de 5 a 100 hectáreas la superficie forestal continua de referencia para aplicar determinadas limitaciones.
¿Qué ocurre con la declaración responsable?
ASAJA pide su eliminación al considerar que añade burocracia y responsabilidades adicionales al agricultor.
¿Quién ha realizado las críticas más duras?
El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, y el vicepresidente de la organización, Juan José Laso.
Conclusión
La nueva Orden 76/2026 sobre prevención de incendios ha abierto un importante conflicto entre la Junta de Castilla-La Mancha y el sector cerealista. ASAJA considera que las medidas incrementan costes, complican la cosecha y vuelven a situar a los agricultores bajo sospecha. La organización exige cambios inmediatos en tres puntos clave de la normativa y advierte de que la rentabilidad de muchas explotaciones podría verse afectada si la regulación se mantiene sin modificaciones.
