ASAJA de Castilla y León ha recibido con “preocupación” la publicación que se ha realizado hoy sobre el Real Decreto 1462/2018 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Según la organización agraria, este incremento salarial, del 22,3% respecto al vigente en 2018, tiene repercusión en algunos convenios del campo de las distintas provincias de la comunidad autónoma, que estarían en este momento por debajo de los 12.600 euros, en el cómputo anual, que fija como salario mínimo el mencionado Real Decreto en todas las actividades económicas, incluida la agroganadera, o los 42,62 euros por jornada para trabajadores eventuales y temporeros: “este incremento salarial, desmedido tanto en porcentaje como en términos absolutos, tendrá consecuencias en las negociaciones del convenio del campo en cada provincia y disparará los costes laborales en su conjunto, ya que a la subida de los salarios se sumará el incremento correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a la empresa.
El Gobierno justifica el incremento en “la mejora de las condiciones generales de la economía”, pero ASAJA de Castilla y León recuerda que el sector primario “no pone precio a los productos que vende, pues se los pone la industria agroalimentaria y la gran distribución”.
EN UN DATO
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En Castilla y León, a finales de noviembre se encontraban afiliados a la Seguridad Social, en labores agroganaderas y forestales, un total de 21.729 trabajadores por cuenta ajena, de los cuales 13.559 estaban encuadrados en el Sistema Especial Agrario.
Según la OPA, el campo no podrá repercutir los mayores costes laborales en la venta de sus producciones, por lo que la subida salarial “se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, lo que puede derivar en una reducción en la mano de obra. ASAJA entiende que esta subida no es sostenible y que muchos empresarios agrarios, sobre todo en sectores en crisis como los ganaderos, van a optar por suprimir puestos de trabajo, y recurrirán en mayor medida a la mecanización y a la contratación de trabajos a empresas de servicios para prescindir de mano de obra asalariada” concluyen.
