La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha expresado su descontento ante la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, debido a la exclusión de ciertos productores que habían solicitado ayudas para la retirada y sustitución de cubiertas con amianto. Muchos de ellos, tras realizar la inversión solicitada por la normativa, se han visto excluidos de la convocatoria por falta de presupuesto, situación que ASAJA considera injusta y exige soluciones inmediatas.
Detalles de la convocatoria de ayudas
En abril de 2024, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) la tercera convocatoria para acceder a ayudas destinadas a la retirada y sustitución de cubiertas con amianto. Esta convocatoria establecía un plazo para la solicitud de subvenciones, que iba desde el 11 de abril hasta el 31 de julio del mismo año. Según las bases de la normativa, uno de los requisitos para poder optar a estas ayudas era haber realizado la inversión en la retirada del amianto antes del 2 de septiembre de 2024.
La convocatoria atrajo la atención de numerosos agricultores y ganaderos, quienes procedieron a realizar las obras de sustitución de las cubiertas en sus explotaciones, confiando en recibir el apoyo económico prometido. No obstante, la resolución de las solicitudes no se hizo pública hasta finales de agosto, lo que dejó a muchos solicitantes sin margen de maniobra.
Agotamiento del presupuesto y exclusión de solicitantes
El mayor problema surgió cuando, tras la publicación de la resolución, se informó que el presupuesto asignado a las ayudas se había agotado el 9 de mayo. A pesar de ello, los solicitantes continuaron presentando sus proyectos y ejecutando las obras, ya que no se había comunicado públicamente esta situación de manera oportuna. ASAJA ha denunciado la incongruencia administrativa, señalando que la Administración tenía conocimiento del agotamiento de los fondos, pero no lo comunicó a los agricultores, quienes continuaron asumiendo los gastos de las obras sin saber que no tendrían apoyo económico.
Según las declaraciones de ASAJA, la Administración debería haber informado con antelación sobre el fin del presupuesto disponible, evitando que los agricultores y ganaderos se embarcaran en costosos proyectos que no serían subvencionados. “Es ahora, cuando ya todos tienen la obra hecha, que se les notifica si su solicitud ha sido aprobada o denegada, lo que ha generado un gran malestar”, afirman desde la organización.
El amianto y su impacto en las explotaciones agropecuarias
El uso del amianto ha sido ampliamente prohibido en España desde 2002 debido a sus efectos dañinos para la salud. Este material, conocido popularmente como uralita, fue utilizado extensamente en construcciones agrícolas, industriales y residenciales debido a su bajo coste y propiedades de aislamiento. Sin embargo, las evidencias científicas que demostraron su peligrosidad, vinculada a enfermedades graves como el cáncer de pulmón y la asbestosis, llevaron a su prohibición.
En Castilla y León, una región con una gran cantidad de explotaciones agropecuarias, aún existen numerosas cubiertas y tejados que contienen amianto. Por ello, la convocatoria de ayudas para su retirada y sustitución fue recibida con entusiasmo por los agricultores y ganaderos de la zona, que veían en ella una oportunidad de modernizar sus infraestructuras y mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en sus explotaciones.
Exigencias de ASAJA ante la exclusión de agricultores
Ante esta situación, ASAJA ha exigido a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que adopte medidas inmediatas para resolver el problema. La organización agraria ha propuesto dos soluciones clave:
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Aumento del presupuesto: ASAJA solicita que se amplíe el presupuesto de la convocatoria actual para incluir a aquellos agricultores y ganaderos que cumplieron con los requisitos establecidos y ya han realizado la inversión necesaria, pero que fueron excluidos debido al agotamiento del crédito disponible.
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Preferencia en futuras convocatorias: Si no es posible ampliar el presupuesto, ASAJA propone que los afectados tengan prioridad en la próxima convocatoria de ayudas. De este modo, aquellos que ya han ejecutado las obras podrán acceder a las subvenciones de manera preferente o bajo una línea de crédito distinta a la destinada a nuevos expedientes.
Estas peticiones de ASAJA buscan garantizar que los agricultores y ganaderos no sufran las consecuencias de una mala gestión administrativa, y que puedan recuperar parte de la inversión realizada en la retirada del amianto de sus explotaciones.
Importancia de las ayudas para la modernización del sector
Las ayudas para la retirada de cubiertas de amianto son fundamentales para el sector agropecuario, ya que permiten a los productores adaptarse a las normativas vigentes y mejorar las condiciones de sus infraestructuras. Además de eliminar un material altamente nocivo para la salud, las nuevas cubiertas mejoran la eficiencia energética de las explotaciones y permiten a los agricultores y ganaderos trabajar en condiciones más seguras.
Según los datos de ASAJA, la modernización de las infraestructuras agrarias es una prioridad para el sector en Castilla y León, donde miles de explotaciones aún cuentan con cubiertas de fibrocemento que contienen amianto. Estas ayudas representan una oportunidad para eliminar el amianto de forma segura, cumpliendo con las normativas europeas y nacionales sobre gestión de residuos peligrosos.
La exclusión de numerosos agricultores y ganaderos de las ayudas para la retirada de cubiertas con amianto en Castilla y León ha generado una situación de malestar e incertidumbre en el sector agropecuario. ASAJA ha sido clara en su exigencia de soluciones inmediatas por parte de la Administración, ya sea mediante un aumento del presupuesto o la preferencia en futuras convocatorias.
Este conflicto pone de manifiesto la importancia de una gestión administrativa eficiente, que asegure que los productores puedan beneficiarse de las ayudas prometidas y no sufran las consecuencias de decisiones tardías o mal comunicadas. Los agricultores y ganaderos afectados esperan una respuesta rápida que les permita recuperar parte de la inversión realizada y continuar modernizando sus explotaciones en un entorno seguro y saludable.
