La organización agraria ASAJA Ávila ha elevado el tono ante lo que considera una situación “inadmisible” y marcada por la falta de transparencia institucional en relación con el levantamiento del acotamiento de pastos en la provincia. Según el comunicado emitido el 19 de febrero de 2026, la organización exige que se haga pública de forma inmediata la resolución administrativa a la que aludió el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró que el levantamiento “ya es efectivo” en virtud de una resolución fechada el 4 de febrero
Sin embargo, ASAJA Ávila afirma no haber recibido ninguna comunicación oficial ni haber tenido acceso a documento alguno que acredite dicho levantamiento, lo que sitúa a agricultores y ganaderos en un escenario de incertidumbre en plena campaña de la PAC.
ASAJA Ávila exige la publicación inmediata de la resolución
El comunicado es contundente: si la resolución existe y está en vigor, debe conocerse su alcance exacto, incluyendo las zonas y superficies afectadas.
La organización reclama:
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Publicación inmediata de la resolución.
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Remisión formal del documento a las organizaciones profesionales agrarias.
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Claridad sobre los criterios aplicados.
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Información detallada sobre el calendario previsto.
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Especificación de qué zonas y superficies se ven afectadas.
ASAJA Ávila subraya que, a fecha de 19 de febrero por la mañana, no se ha encontrado ningún documento público que informe sobre el alcance territorial de esa supuesta resolución.
La situación, según la organización, no es una mera demora administrativa, sino un problema de opacidad y falta de información hacia quienes representan al sector agrario abulense.
Reunión urgente solicitada el 18 de febrero
Ante esta situación, ASAJA Ávila remitió una carta formal a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila el miércoles 18 de febrero a primera hora de la mañana, solicitando la celebración urgente de una reunión para abordar la situación del levantamiento del acotamiento de los pastos afectados por incendios en la provincia.
En dicha comunicación, la organización reclamó:
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Información clara sobre el estado de los expedientes.
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Criterios técnicos aplicados.
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Calendario previsto de ejecución.
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Confirmación de si el levantamiento afecta a la totalidad de superficies dañadas por incendios de 2025 y los últimos cinco años.
Hasta el momento del comunicado, ASAJA Ávila se encontraba a la espera de que la Delegación Territorial fijara día y hora para dicha reunión.
Impacto directo en la campaña PAC 2026
El momento elegido agrava la situación: la polémica estalla en plena campaña de tramitación de la Política Agraria Común (PAC). Son precisamente las organizaciones agrarias quienes asesoran y ayudan a agricultores y ganaderos a formalizar sus solicitudes.
Los terrenos afectados por incendios —incluidos los de 2025 y los últimos cinco años— son superficies que los ganaderos declaran año tras año en la PAC y que cuentan con su correspondiente coeficiente de admisibilidad de pastos.
La incertidumbre genera varias consecuencias críticas:
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Dudas sobre la admisibilidad real de superficies.
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Riesgo en la correcta tramitación de expedientes.
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Posibles repercusiones económicas en explotaciones ganaderas.
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Falta de seguridad jurídica para cientos de profesionales.
ASAJA Ávila insiste en que no puede ser que las organizaciones agrarias se enteren por la prensa de decisiones administrativas que afectan directamente a explotaciones ganaderas y a su viabilidad económica.
La acusación más grave: “Una vergüenza trabajar en la incertidumbre”
El comunicado no escatima calificativos. ASAJA Ávila considera “una vergüenza” que se afirme públicamente que el problema está resuelto mientras las organizaciones profesionales trabajan sin documentación oficial que lo acredite
La organización advierte que no aceptará:
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Declaraciones genéricas en prensa.
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Titulares tranquilizadores sin respaldo documental.
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Sustitución de resoluciones oficiales por mensajes públicos.
El mensaje es claro: el campo abulense no necesita declaraciones, sino documentos oficiales debidamente notificados y publicados
La cuestión de fondo: transparencia, igualdad y respeto institucional
ASAJA Ávila sostiene tres ejes fundamentales en su reclamación:
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Igualdad de trato hacia el sector agrario.
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Transparencia institucional.
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Respeto al campo abulense.
El comunicado subraya que estamos ante una cuestión de “trascendencia para la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas” .
No se trata de un trámite menor, sino de decisiones que pueden afectar a cientos de profesionales del camp
Además, la organización pone en duda el alcance real de la resolución al no existir documentación pública que detalle las zonas incluidas.
Incendios 2025 y últimos cinco años: superficies en juego
El conflicto afecta a terrenos que han sufrido incendios en 2025 y en los últimos cinco años, superficies que los ganaderos siguen declarando en la PAC y que cuentan con su correspondiente coeficiente de admisibilidad.
Las incógnitas que ASAJA Ávila exige despejar son:
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¿Se han levantado todas las superficies afectadas?
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¿Qué criterios técnicos se han aplicado?
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¿Existen limitaciones parciales?
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¿Hay exclusiones territoriales?
Hasta que no exista resolución pública y detallada, la incertidumbre continúa.
Escenario abierto: reunión pendiente y presión institucional
A fecha del comunicado, ASAJA Ávila se encontraba a la espera de que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila fijara día y hora para la reunión solicitada.
La organización deja claro que no rebajará la presión hasta obtener:
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Documentación oficial.
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Claridad sobre superficies.
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Seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.
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Información técnica precisa.
El caso abre un debate más amplio sobre la gestión administrativa de expedientes agrarios sensibles y la necesidad de que las decisiones con impacto económico directo se comuniquen con transparencia y rigor.
Conclusión: el campo exige hechos, no declaraciones
El comunicado de ASAJA Ávila constituye una advertencia directa a la administración autonómica: el sector no aceptará soluciones anunciadas sin respaldo documental.
En plena campaña PAC y con explotaciones ganaderas pendientes de conocer si pueden declarar o no determinadas superficies, la exigencia es clara: publicación inmediata de la resolución del 4 de febrero, con detalle de zonas, criterios y alcance real.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa marcando el ritmo de un conflicto que afecta directamente a la estabilidad económica del campo abulense.
