La distribución de las ayudas de la actual Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2015-2020 se negoció con todas las comunidades autónomas llegándose a acuerdos básicos con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para su aplicación uniforme en nuestro país. El entonces consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, valoró positivamente el nuevo modelo de PAC basado en un reparto de las ayudas directas a la agricultura y la ganadería activas, incluso se vanaglorió de que Andalucía había inspirado el concepto de región en comarcas agrarias con cuatro usos (regadíos, secano, cultivos permanentes y pastos) con el que se evitaba la tasa plana para todos los cultivos y la trasferencia de fondos entre sectores y territorios que sí hubieran sido realmente perjudiciales para Andalucía, pudiendo haberse dejado por el camino 2.250 millones de euros en ayudas directas.
El debate abierto, recientemente, sobre las pérdidas de fondos sólo puede explicarse desde una estrategia electoralista y crea una polémica sin fundamento. Ni siquiera se aclara el gobierno andaluz con las cifras: en 2013 eran 418 millones de euros de pérdidas en ayudas directas en Andalucía, en 2014 eran 548 millones, y ahora son 616 millones; en marzo de 2016 decía el PSOE que las pérdidas en el campo granadino en ayudas directas eran de 164 millones de euros y en mayo decía que eran 85 millones de euros. Han cuestionado incluso la reforma y la han calificado de injusta cuando se hizo en realidad pactada y se sabía que era la mejor que se podía obtener para España y Andalucía al fijar un marco estable para desarrollar la actividad agraria en años venideros. Tampoco han sido ecuánimes con las cifras de pérdidas en ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020: 258 millones decían en 2014 y ahora dicen 286 millones ̶ incluida rebaja de la cofinanciación estatal ̶ , se escandalizan por ello, pero olvidan explicar por qué nuestra comunidad autónoma ha sido la que más fondos asignados dejó sin ejecutar en el anterior PDR 2007-2013, un total de 143,63 millones, es decir, el 6,78%.
Desde ASAJA GRANADA se entiende que es perjudicial para los intereses del sector agroganadero entrar en una guerra de cifras irreal y engañosa y que mejor haría la Junta de Andalucía en preocuparse por resolver los numerosos desórdenes y despropósitos de la actual campaña de la PAC que han obligado, de hecho, a ampliar el plazo de tramitación hasta el 15 de junio; por los pagos pendientes a los agricultores y ganaderos (fecha límite 30 de junio), por la reducción del impuesto de sucesiones de las explotaciones agrarias con el fin de favorecer el relevo generacional o por los jóvenes agricultores y ganaderos que se han quedado fuera de las ayudas a la incorporación.
