La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) denuncia que, desde mediados del pasado mes de enero, agricultores y empresas agrícolas del sur de Tenerife están padeciendo una oleada de robos nunca vista antes por la frecuencia de este tipo de hechos en tan corto espacio de tiempo. Se roba principalmente cable de riego que luego acaba vendiéndose a negocios de compraventa de chatarras de la zona.
Algunos de los afectados señalan que en solo un mes han sufrido hasta siete robos seguidos. Una situación “económicamente insostenible” porque, a los destrozos ocasionados a los cultivos, al dejarlos sin riego, y, a la pérdida de producción ocasionada, se suman las obras de reparación, el gasto en mano de obra y la compra de material nuevo para reponer el sustraído. Para dificultar que los amigos de lo ajeno reiteren en su hazaña los propietarios de las fincas vuelven a comprar cable y lo entierran cubriéndolo con hormigón, un gasto añadido a las pérdidas que valoran entre los 50.000 y 60.000 euros, dependiendo de la explotación.
Los agricultores y las empresas agrícolas han presentado reiteradas denuncias a la policía, pero la falta de efectivos policiales en la zona no permite atrapar a los ladrones, por lo que hasta el momento la situación sigue igual. Lamentan, además, que las chatarras que, presumiblemente, conocen la procedencia del material robado que les llega participen de este tipo de prácticas ilegales ya que “mientras haya quien les compre, seguirán los robos”.
ASAGA Canarias, que lleva tiempo denunciando estas infracciones en el campo, que se repiten con mayor o menor frecuencia dependiendo de la época del año, solicita una reunión con la Consejería de Agricultura para poder abordar este asunto y pide la implicación del equipo ROCA de la Guardia Civil, especializados en este tipo de delitos en el medio rural, para tomar medidas con el objetivo de intentar revertir esta grave problemática.
En 2015, la reforma del Código Penal en España endureció las penas contra los robos en el campo incorporando un cambio de tipificación. Estas acciones delictivas dejaban de ser consideradas faltas y pasaban a calificarse como delitos leves con el agravante de delito de receptación y multirreincidencia sancionados con una pena de uno a tres años de prisión.
