La producción de arroz en Extremadura podría desaparecer en el corto plazo si no se adoptan medidas urgentes para frenar lo que el sector califica como una situación de competencia desleal insostenible. Así lo ha advertido Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, quien ha lanzado un mensaje de alarma ante el futuro de uno de los cultivos más emblemáticos de la región.
Actualmente, Extremadura es la segunda comunidad productora de arroz en España, solo por detrás de Andalucía. Para esta campaña de 2025, se han destinado unas 20.000 hectáreas al cultivo del arroz, distribuidas en un 76 % en la provincia de Badajoz y un 24 % en Cáceres. El año anterior se sembraron 19.300 hectáreas, lo que mostraba una leve recuperación del interés de los agricultores por este cultivo.
Sin embargo, este aparente crecimiento ha chocado con una realidad económica y política que amenaza con hacer inviable la actividad. Según denuncia Asaja, el problema tiene tres causas principales: la entrada masiva de arroz extranjero sin aranceles, el uso desigual de productos fitosanitarios y la opacidad en el etiquetado del arroz en los supermercados.
Arroz importado sin control y a precios ruinosos
El primer factor crítico es el régimen de importaciones que afecta directamente a los productores locales. La Unión Europea permite la entrada de arroz sin aranceles desde el sudeste asiático, amparándose en el principio de “todo menos las armas”, cuyo objetivo es evitar conflictos bélicos internos en los países exportadores.
Esto supone que países como Camboya, Tailandia, Vietnam o Birmania pueden enviar su arroz a Europa a coste cero en aranceles, cuando en sus territorios se producen dos cosechas al año y se exporta aproximadamente el 40 % de su producción. De los 174 millones de kilogramos de arroz que se consumen anualmente en España, casi 70 millones proceden del extranjero.
Este contexto ha derivado en un hundimiento de precios. Actualmente, los intermediarios ofrecen la tonelada de arroz cardo —es decir, pelado antes de ser blanqueado, con una pérdida de peso del 18 %— a 360 euros en puerto español. En contraste, el año pasado los productores nacionales percibían más de 520 euros por tonelada antes de pelar. Según Asaja, el coste de producción actual se sitúa en 484 euros por tonelada, lo que implica trabajar a pérdidas.
La organización ha trasladado esta situación al ministro de Agricultura, Luis Planas, exigiendo la aplicación urgente de un arancel de al menos 200 euros por tonelada para el arroz importado. García Blanco advierte, además, sobre los peligros de una futura apertura comercial con países del MERCOSUR, señalando que Brasil cultiva más de 1,2 millones de hectáreas de arroz, Paraguay supera las 10.000 y Argentina alcanza las 230.000 hectáreas.
Desigualdad en el uso de productos fitosanitarios
Otro factor de desequilibrio tiene que ver con la regulación de productos fitosanitarios. Mientras la Unión Europea impone estrictos controles a los agricultores comunitarios, no exige los mismos estándares a las producciones procedentes de terceros países. Este doble rasero afecta gravemente la competitividad del arroz nacional, al mismo tiempo que plantea riesgos sanitarios para los consumidores.
Asaja ha anunciado que solicitará a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura una inspección exhaustiva en los almacenes del polígono industrial de Don Benito, donde descargan diariamente cientos de camiones de arroz importado. En particular, piden examinar los productos depositados por la empresa que ha adquirido Arrocería Dorado, que estaría operando ahora bajo el nombre de Arroces PONS.
Falta de transparencia en el etiquetado
El tercer gran problema reside en el engaño sistemático al consumidor a través del etiquetado, según denuncia la organización agraria. Mientras en sectores como la apicultura se ha avanzado hacia un etiquetado más transparente, en el arroz aún se disfraza el origen del producto, induciendo al consumidor a creer que está adquiriendo arroz de origen español cuando en realidad puede proceder del sudeste asiático.
Asaja Extremadura iniciará una campaña de presión sobre las principales cadenas de distribución —Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, Lidl y Aldi—, que controlan el 70 % del mercado mediante marca blanca, para que informen claramente de la procedencia del arroz que comercializan. La organización asegura que, de no recibir respuestas satisfactorias, hará públicas las marcas y procedencias para que el consumidor decida con conocimiento de causa.
Advertencia final: abandono del campo
En un tono abiertamente crítico, García Blanco ha lanzado un mensaje directo a los responsables políticos: “Si no se toman soluciones, que vayan buscando dónde emigrar otros cuantos extremeños, porque esto no hay quien lo aguante”. Acusa a las multinacionales de actuar con avaricia y a los gobiernos —tanto de España como de la UE— de permitirlo.
Conclusión
La situación del arroz en Extremadura es crítica. Con precios por debajo del coste de producción, sin protección arancelaria, con normativa fitosanitaria desigual y con un etiquetado opaco, el sector corre el riesgo de desaparecer en el corto plazo. Si no se adoptan medidas estructurales inmediatas, la región podría perder uno de sus cultivos estratégicos y con él, miles de empleos directos e indirectos en el medio rural extremeño.
