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La Asociación de Rehalas Regionales ARRECAL alerta de que la reforma del delito de maltrato animal sigue adelante en el nuevo Código Penal en unos términos que afectarían gravemente al sector cinegético. Y es que más allá de las declaraciones realizadas, la realidad es que durante su tramitación únicamente se han incluido unos retoques estéticos que no afectan al fondo de la norma.

ARRECAL viene advirtiendo desde el primer momento que la reforma Código Penal que propone el Gobierno supondría la ampliación exagerada del delito de maltrato animal cualquier animal vertebrado y el aumento de las penas: la vulneración del principio de proporcionalidad en materia penal.

El Gobierno aprobó en el mes de agosto de 2022 la tramitación vía urgente de esta reforma. Detrás de las aparentemente bien intencionadas declaraciones de intenciones del director general de los Derechos de los Animales se esconde una reforma, que convierte en delito prácticamente cualquier lesión no imprudente a un animal.

Desde ARRECAL se considera un exceso la tipificación como delito leve de las lesiones que ni siquiera requieran de tratamiento veterinario y esta entidad avisa que el texto enviado a la presidenta del Parlamento por el presidente de la Comisión de Derechos Sociales “es un retoque cosmético del aprobado en 2022”. Así, se continúa con la inclusión dentro del delito de los animales vertebrados; se mantiene la aberrante adición de nada menos que nueve circunstancias agravantes; y se elevan todas las penas. Lo único que ha retocado el texto ha sido lo referido a las penas de prisión en el caso de lesiones y muertes de animales vertebrados, que rebaja seis meses sobre la propuesta de agosto, y las del delito leve de lesiones. Esto se ha hecho, denuncia el presidente Felipe Vegue, porque “era un escándalo que el delito leve de lesiones a animales tuviera penas superiores al de las personas”. Así lo denunció la asociación ARRECAL desde el principio, y posteriormente se sumó todo el sector. Finalmente, lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial.

El texto que ha enviado la Comisión de Derechos Sociales a la presidenta del Parlamento se refiere a la salud e integridad física y psíquica de los animales e incluso a su “integridad emocional”lo que supone un disparate jurídico y un nuevo factor de inseguridad y de inconcrección. ¿Cómo se determinar la “integridad emocional o la salud psíquica” de un hurón o una cabra? ¿Y la de un hámster? ¿La puede determinar un forense? “La cosa no puede ser más ridícula y más chusca”,h a apuntillado Vegue.

Para ARRECAL, la reforma que se propone, en conexión con el mantenimiento de la aprobación de Ley de Bienestar Animal, supondrá un escenario muy desfavorable para la actividad cinegética en general. “Ambas normas, combinadas, suponen una bomba de relojería”. Aunque en el caso de la Ley de Bienestar Animal se ha excluido a los perros de caza de su ámbito de aplicación, la norma otorga un estatus inédito y muy superior a las organizaciones animalistas y ligadas a ellas”, señala Felipe Vegue. “Las rehalas vienen sufriendo la persecución de estos grupos en muchos casos, y con esta legislación el gobierno pone al pie de los caballos a los rehaleros”, apostilla el presidente de ARRECAL.

La Asociación de Rehalas Regionales recuerda que más del 85% de las 600.000 piezas de caza mayor que anualmente son abatidas en España, lo son gracias a la participación de los perros; y que sin rehalas no hay montería y que sin monterías, batidas y ganchos será imposible realizar los controles poblacionales de ciervos, jabalíes y otras especies de caza mayor. En este sentido, la pandemia ya demostró que la caza es una actividad esencial, necesaria para una agricultura sostenible, para una conducción segura por las carreteras y para una sanidad animal adecuada.

La modificación del Código Penal que propone el Gobierno, combinada con la deriva animalista que supone la Ley de Bienestar Animal, pone en peligro el futuro de la caza. Por eso, ARRECAL avanza que esta entidad seguirán presionando y tratando de sensibilizar a la opinión pública para evitar la aprobación de estas dos normas en sus actuales términos. Para Vegue, tanto el director general de los Derechos de los Animales como la ministra Ione Belarra deberían dimitir por la perpetración de dos normas que atentan contra el sentido común y que pretenden poner contra la pared a una actividad esencial como la caza.

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