Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado una profunda preocupación ante la propuesta del Parlamento y del Consejo Europeo para establecer un contingente arancelario de 500.000 toneladas de frutos de cáscara procedentes de Estados Unidos con arancel 0 %. La organización advierte que esta medida, aparentemente técnica, podría desatar una crisis estructural en el sector de los frutos secos europeos, especialmente en los países mediterráneos, donde la producción local tiene un papel clave en la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la economía rural.
La propuesta, enmarcada en un nuevo Reglamento europeo sobre contingentes arancelarios, permitiría la entrada libre de impuestos de grandes volúmenes de productos como la almendra, el pistacho o la nuez, procedentes del mercado estadounidense. Según Unión de Uniones, esta liberalización comercial “constituye un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior”, y contradice los principios que inspiran la Política Agraria Común (PAC), orientada precisamente a garantizar la estabilidad, la sostenibilidad y la protección de los productores europeos.
Dos enmiendas para frenar el impacto
Con el objetivo de revertir la situación, la organización ha presentado dos enmiendas a los eurodiputados durante varias reuniones en Bruselas. La primera busca excluir expresamente los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III del Reglamento, lo que permitiría mantener la estabilidad del mercado y la continuidad del tejido productivo mediterráneo. La segunda plantea eliminar toda referencia a estos productos en el preámbulo del Reglamento, garantizando así la claridad jurídica y la coherencia legislativa interna.
En sus declaraciones, la entidad ha agradecido el apoyo de Compromís, formación que ha incorporado las enmiendas de Unión de Uniones a sus propias propuestas parlamentarias. Para la organización, el respaldo político de los representantes mediterráneos resulta esencial para defender un sector estratégico que combina producción agrícola con servicios ambientales y sociales, tales como la fijación de población en zonas rurales, la prevención de incendios y la conservación de suelos.
Cifras que preocupan: las importaciones desde EE. UU. crecen un 6 % anual
Los datos respaldan la inquietud del sector. Desde el año 2000, las importaciones de frutos de cáscara de Estados Unidos hacia la Unión Europea han crecido a un ritmo del 6 % anual, alcanzando en los últimos cinco años una media de más de 450.000 toneladas. El nuevo contingente arancelario propuesto por Bruselas (500.000 t) equivaldría, en la práctica, a una liberalización total del mercado, consolidando una tendencia creciente que ya roza los límites de absorción del mercado comunitario.
Este volumen, advierte Unión de Uniones, podría generar una sobreoferta brusca, presionando a la baja los precios en origen y deteriorando la rentabilidad de miles de explotaciones familiares. El impacto sería especialmente grave en España, Italia, Grecia y Portugal, regiones donde los cultivos de almendra, avellana y pistacho se desarrollan en condiciones agroclimáticas difíciles, con escasez hídrica y costes de producción elevados.
Un sector estratégico amenazado por la desregulación
El cultivo de frutos secos es mucho más que una actividad económica: desempeña un papel esencial en la preservación de bienes públicos ambientales. Según la organización, estos cultivos contribuyen a la captura de carbono, la protección del suelo frente a la erosión, la prevención de incendios forestales y la fijación de población en zonas rurales. La desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias, por tanto, comprometería directamente los objetivos de sostenibilidad y cohesión territorial que la PAC busca preservar.
Además, Unión de Uniones recuerda que las condiciones de producción entre Estados Unidos y la Unión Europea no son equiparables. Los agricultores europeos están sometidos a normas mucho más estrictas en materia de sostenibilidad, uso de fitosanitarios y protección ambiental, mientras que en EE. UU. se permiten sustancias y prácticas prohibidas en territorio comunitario. Esta asimetría normativa se traduce en competencia desleal, penalizando precisamente a quienes aplican criterios de sostenibilidad y cumplen los objetivos verdes de la PAC.
Riesgos sanitarios y costes añadidos para la UE
El aumento de las importaciones también plantea riesgos fitosanitarios y de inocuidad alimentaria. Unión de Uniones alerta de la posibilidad de introducción de plagas o contaminantes, como las aflatoxinas, que suponen una amenaza para la seguridad alimentaria y que obligarían a reforzar los controles fronterizos, con costes públicos adicionales para los Estados miembros.
La organización sostiene que no se trata solo de una cuestión comercial, sino de una decisión que afecta al modelo agrícola europeo, basado en la calidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. En este contexto, liberalizar masivamente las importaciones desde países con estándares más laxos pone en riesgo décadas de trabajo de los agricultores europeos y socava la confianza de los consumidores.
La llamada a la coherencia de la Unión Europea
Unión de Uniones confía en que, durante el debate parlamentario, los eurodiputados reconsideren la propuesta y respalden las enmiendas presentadas, garantizando la coherencia entre las políticas agrícola, ambiental y comercial de la UE. La organización pide que se mantenga la protección del mercado comunitario y se evite una medida que “pone en jaque la viabilidad de un sector clave para el medio rural europeo”.
Desde Bruselas, la entidad subraya que no se opone al comercio internacional, pero reclama condiciones de reciprocidad justas: si los productores europeos deben cumplir exigencias ambientales y sanitarias elevadas, los productos importados deben hacerlo también. De lo contrario, la UE estaría importando desigualdad regulatoria, favoreciendo a quienes producen con costes más bajos a costa del medio ambiente y del empleo rural europeo.
Una cuestión de futuro para el campo mediterráneo
En definitiva, la apertura de este contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel cero no solo amenaza la rentabilidad del sector, sino también el modelo de agricultura sostenible y multifuncional que Europa pretende defender. Unión de Uniones insiste en que la medida debe revisarse o retirarse, y recuerda que los frutos secos no son solo un producto comercial, sino un elemento clave en la lucha contra la despoblación y la degradación ambiental.
El debate, previsiblemente, continuará en las próximas semanas en el Parlamento Europeo. Entretanto, los agricultores mediterráneos observan con inquietud el rumbo de una decisión que podría marcar el futuro del sector en la próxima década.
