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El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, han suscrito hoy, 16 de abril, en Toledo un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027. 
 
Un decálogo que contempla, entre otros puntos, la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia total desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas; un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
 
En este encuentro de hoy en Toledo se ha concretado el compromiso de ambas comunidades de apostar por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
 
Además, piden dar prioridad a las mujeres con un incremento real del cinco por ciento en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
 
En común, también, la convergencia de las ayudas, para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren sus explotaciones, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-La Mancha de 40 euros de ayudas con respecto a la media nacional.
 
Para Martínez Arroyo, hay que “fomentar el trato igualitario”, de manera que “un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea”. Algo que defienden ambas comunidades, “los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario”, cambiando “radicalmente” el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada.
 
Además, en palabras del titular de Agricultura castellanomanchego, hay que orientar los trabajos en las próximas semanas y meses en apoyar al agricultor y ganadero profesional, “implementándose un pago redistributivo, con un pago extra para primeras hectáreas, que se financiaría aplicando un techo por explotación limitando las ayudas a las explotaciones más grandes”, siempre teniendo en cuenta la generación de empleo.
 
Según ha expresado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el de hoy es un “encuentro importante”, de dos comunidades, Castilla-La Mancha y Aragón, que ocupan el 25 por ciento del territorio país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con un total de más de 150.000 perceptores en común, superando los 6,4 millones de hectáreas de superficie solicitada en esta política, y con un sector agrario muy relevante en la economía, donde destaca la ganadería extensiva, con 10.700 ganaderos que día a día moldean el territorio y generan riqueza en ambas regiones.
 
Aragón, aliado en la defensa de la agricultura profesional y familia
 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, ha recordado que ambas comunidades autónomas comparten problemas como la despoblación y la brecha de renta que tienen los agricultores profesionales, pero también la ambición de hablar claro “para que se entienda perfectamente a quiénes queremos favorecer, que no son otros que los agricultores profesionales del modelo familiar, los que aspiran a poder vivir de su trabajo y su vocación; los jóvenes que se están incorporando y a quienes tenemos la obligación de apoyar; y las mujeres, para quienes no solo vale hablar de igualdad de género, sino que solicitamos un 5% más de ayuda para reducir la brecha que existe”, ha asegurado.
 
Una vez más, Olona ha vuelto a poner énfasis en la renta y en la necesidad de aplicar el presupuesto de una manera “mucho más justa y eficaz”, algo que, según ha insistido, no sucederá, si no se eliminan los derechos históricos. “No podemos seguir manteniendo un sistema que, en estos tiempos, propicia un mercantilismo de compra y venta de derechos para cobrar una subvención. Y, mientras existan los derechos no se podrá avanzar en este cambio profundo en favor del objetivo que estamos planteando”, ha dicho el consejero de Agricultura aragonés, matizando la diferencia de que, a mayor profesionalidad, también debería de ser mayor la ayuda.
 
Por último, Olona ha pedido “sensatez, prudencia y rapidez” para llevar a cabo estos cambios y no caer en la “frustración y defraudar a quienes están esperando que las cosas cambien de verdad”, ha puntualizado.
 
Esta firma se enmarca dentro del ‘Pacto de Almagro’ rubricado en marzo de 2018, en el cual se fijaba el modelo de agricultura que ambas comunidades autónomas consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la futura PAC a aplicar a partir de 2021.
 
El acuerdo, que llega en un momento clave, en el que se aborda la fase final de la negociación y de cómo se aplicará esta política europea a nivel nacional, es un documento de intereses comunes ante la nueva PAC que regirá a partir de 2023, que se engloba en la “guía de trabajo” común que ambas regiones han marcado en estos tres años, y donde se recogen las cuestiones aún no consensuadas a nivel nacional y que ambas administraciones consideran irrenunciables y de gran importancia.

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