La uberización del campo ha sido un fenómeno creciente en las últimas décadas, con la penetración de fondos de inversión especulativos en el sector agrario español. Esta tendencia, que ya afectó a regiones como Andalucía y Extremadura, ha encontrado en Aragón un nuevo espacio para expandirse, poniendo en jaque a los pequeños y medianos agricultores.
La llegada de los fondos de inversión al campo aragonés
El reciente informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en colaboración con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), titulado “¿Hacia una agricultura sin agricultores/as? Efectos de la uberización del campo en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las pequeñas y medianas explotaciones”, subraya la preocupante aceleración de este fenómeno. El informe destaca que, desde 2019, la compraventa de tierras rústicas ha aumentado un 20%, un incremento notable liderado por fondos de inversión especulativos que ven en el sector agrícola una oportunidad rentable.
En este contexto, Aragón se ha convertido en el nuevo banco de pruebas de este proceso. Grandes inversores han comenzado a acaparar tierras en las mejores zonas de regadío, donde cultivos como los leñosos y los llamados «súper-alimentos» han demostrado ser altamente rentables. Actualmente, más de 900 fondos poseen tierras en la Península Ibérica valoradas en más de 100 mil millones de euros, lo que muestra la magnitud de la inversión especulativa en la región.
Una amenaza para los agricultores de Aragón
Este fenómeno tiene consecuencias graves para los 17.000 agricultores y ganaderos más profesionalizados de Aragón, según señala Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. «Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone en el sector, Aragón camina hacia una agricultura sin agricultores», afirmó durante la presentación del informe. Los pequeños y medianos productores, que han sido durante décadas el pulmón económico y social del medio rural, se ven asediados por la competencia de grandes corporaciones que los desplazan progresivamente del mercado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había 17.613 afiliados a la Seguridad Social agraria en Aragón, lo que refleja una caída desde los 18.904 registrados en 2018, una pérdida de 1.291 profesionales en apenas cinco años. Esta reducción en el número de trabajadores agrarios ha sido consecuencia directa de la presión ejercida por la concentración de tierras en manos de grandes fondos de inversión, lo que ha frenado también la incorporación de jóvenes al sector.
Concentración de la tierra y relevo generacional en riesgo
Uno de los aspectos más preocupantes de la uberización del campo es la creciente concentración de tierras. Los datos del informe de COAG indican que las explotaciones de menos de 50 hectáreas han disminuido un 7,5%, mientras que las de 50 a 100 hectáreas han caído un 5,7%. En contraste, las fincas de más de 100 hectáreas han aumentado un 20% en el mismo periodo, lo que demuestra cómo los pequeños propietarios están siendo absorbidos por actores más grandes.
Este proceso pone en riesgo el relevo generacional en la agricultura. Desde 2009, la población activa joven en el sector agrario ha disminuido en un 11%. Además, en España, el 41,3% de los titulares de explotaciones agrícolas tienen 65 años o más, mientras que solo el 8,9% son menores de 41 años. La falta de acceso a la tierra y el aumento de la competencia desleal hacen que cada vez sea más difícil para los jóvenes entrar en el sector agrícola, lo que pone en peligro el futuro del campo español.
Impacto ambiental y sostenibilidad en jaque
Además de las implicaciones económicas y sociales, la uberización del campo también tiene consecuencias ambientales graves. La entrada de fondos de inversión ha provocado una mayor degradación ambiental, con el uso intensivo de prácticas agrícolas que aceleran la erosión del suelo, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y reducen la biodiversidad. Las prácticas de monocultivo y el uso intensivo de recursos hídricos son comunes en este modelo, lo que compromete la capacidad del sector agrícola para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Un aspecto crítico de esta situación es la falta de incentivos para la innovación sostenible. Con el aumento de la concentración de tierras en manos de grandes corporaciones, los pequeños agricultores tienen menos margen financiero para invertir en tecnologías que favorezcan la sostenibilidad a largo plazo, como la agricultura de precisión o las prácticas regenerativas. Este estancamiento en la innovación pone en peligro los esfuerzos para combatir el cambio climático desde el sector agrario.
Sostenibilidad monetizada: el nuevo reto
Algunos de los fondos de inversión que están acaparando tierras también buscan rentabilizar la sostenibilidad. Un ejemplo de ello es la plataforma Arima, creada por la gestora de inversión Bolschare, que busca medir y certificar indicadores como la huella de carbono y la huella hídrica, y monetizarlos a través de créditos de carbono. Esta tendencia ha sido calificada como “acaparamiento verde”, que ya representa el 20% de los acaparamientos de tierra actuales. Aunque en principio estas prácticas podrían parecer positivas, algunos expertos advierten que están más enfocadas en generar beneficios económicos que en promover una agricultura realmente sostenible.
La necesidad de proteger el modelo social y profesional de la agricultura
Ante este panorama, COAG y UAGA han reclamado al Gobierno central y autonómico una apuesta firme y decidida por el modelo social y profesional de agricultura. Proteger a los pequeños y medianos agricultores no solo es una cuestión de soberanía alimentaria, sino también de desarrollo rural y biodiversidad. En palabras de Fatás, «la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias».
El futuro del campo aragonés y español depende en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos años. La uberización del campo no solo amenaza con destruir el tejido social y económico de las zonas rurales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad ambiental del sector agrario. Si no se protege a los pequeños y medianos agricultores, corremos el riesgo de perder no solo la soberanía alimentaria, sino también un valioso patrimonio rural y ecológico.
