El Gobierno de Aragón estudia emprender acciones judiciales ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de ayudas directas a la sequía aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que reparte 20 millones de euros entre las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, dejando fuera a toda la comunidad autónoma aragonesa. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dirigido por Javier Rincón, ya había presentado alegaciones al borrador, sin obtener respuesta alguna por parte del Ministerio.
El decreto excluye de forma definitiva a Aragón
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el citado real decreto, manteniendo en su totalidad el contenido del borrador que fue remitido a Aragón el pasado 4 de marzo. Según el consejero Javier Rincón, esta aprobación se ha producido sin ninguna comunicación previa, con el Gobierno autonómico enterándose a través de una simple nota de prensa.
«Vamos a esperar a la publicación del real decreto y estudiaremos interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, porque creemos que la posición de Aragón es justa», ha declarado Rincón.
La indignación del Ejecutivo aragonés no solo se debe a la exclusión en sí, sino también a la forma y fondo del proceso. Las alegaciones presentadas el 11 de marzo por el Gobierno de Aragón detallaban con datos objetivos el impacto de la sequía en el territorio, especialmente en cultivos leñosos como el almendro, el olivar y el viñedo.
Cuatro ejes de las alegaciones rechazadas por el MAPA
El Departamento de Agricultura de Aragón articuló su defensa en base a cuatro argumentos principales:
1. Caída significativa de la producción en Teruel
Se expuso que, de acuerdo con datos propios del Departamento, la producción media del almendro de secano en la provincia de Teruel en 2024 fue un 35 % inferior a la media registrada entre 2018 y 2023, el mismo periodo tomado como referencia por el Ministerio. Este dato justificaría, a juicio del Ejecutivo aragonés, la inclusión de la provincia en el reparto de ayudas.
2. Crítica al uso de la provincia como demarcación
El Gobierno de Aragón cuestionó que la provincia se utilice como unidad territorial para determinar las zonas beneficiarias. En su lugar, se propuso emplear la comarca agraria, ya que existen grandes diferencias dentro de una misma provincia, lo que podría distorsionar los resultados.
3. Exclusión de cultivos clave afectados
Las alegaciones también destacaban que el olivar y el viñedo fueron cultivos gravemente afectados por la sequía en 2024, pero no han sido contemplados en el decreto estatal, dejando fuera a muchos agricultores que sí cumplieron condiciones objetivas de pérdida de producción.
4. Revisión de los criterios técnicos empleados
Desde Aragón se propuso utilizar herramientas científicas más precisas, como el Índice de Sequía Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI), junto con el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), ya que estas fueron las utilizadas para el propio Decreto Ley autonómico de ayudas, aprobado en septiembre de 2024.
Ayudas autonómicas: 8,2 millones frente a 20 millones estatales
En respuesta a los efectos de la sequía, el Gobierno de Aragón aprobó en septiembre de 2024 un paquete de ayudas directas propias, por un valor total de 8,2 millones de euros, que han sido gestionadas con fondos propios y sin apoyo del Estado.
Esta medida fue calificada como «sin precedentes» por la propia Consejería de Agricultura y estuvo dirigida a los agricultores más afectados, utilizando herramientas de análisis climático avanzadas para garantizar una distribución equitativa y transparente.
El conflicto se traslada ahora a los tribunales
La falta de diálogo institucional por parte del Ministerio y la ignorancia sistemática de las alegaciones aragonesas ha llevado al Ejecutivo autonómico a contemplar seriamente la vía judicial como último recurso. El propio consejero Rincón ha indicado que la situación es insostenible, y que no se puede permitir que una comunidad autónoma como Aragón, con amplias zonas afectadas por la sequía, quede al margen del sistema nacional de ayudas.
Conclusiones: una batalla por el reconocimiento
El caso de Aragón pone en evidencia la falta de coordinación y sensibilidad territorial en la gestión de catástrofes climáticas como la sequía. Mientras el Gobierno central distribuye ayudas con base en criterios cuestionables, algunas comunidades como Aragón optan por complementar con fondos propios. Sin embargo, la exclusión de los agricultores aragoneses del plan estatal genera desigualdades evidentes y tensiones institucionales que ahora podrían dirimirse en los tribunales.
