- Regula el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal.
- La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas o mediante voto por correo.
- Destaca, además de la consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura.
- Serán las organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 por 100 de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, al menos un 5 por 100 en seis Comunidades Autónomas.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. El objeto de esta norma es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal.
La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas al efecto o mediante voto por correo. Se instalará una mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas mesas comarcales como sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial. Las mesas incluyen un máximo de 1.400 electores.
Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio nacional de forma simultánea para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas. Esta participación podrán ejercerla los electores, bien por correo o de modo presencial en la mesa correspondiente a su demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno, o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las Ciudades Autónomas.
Principios básicos
Como principio básico del Proyecto destaca, además de la consulta directa y simultánea en todo el territorio del Estado, la ampliación del censo de votantes, respecto al tradicional de Cámaras Agrarias, a todos los profesionales de la agricultura.
Se podrán presentar a la consulta las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional constituidas y reconocidas al amparo de la Ley sobre regulación del derecho de asociación sindical. Deberán tener entre sus fines estatutarios la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendidos como las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores. Igualmente, se consideran organizaciones agrarias las coaliciones de organizaciones agrarias y la integración de organizaciones en otra de ámbito nacional, aun conservando cada una de ellas su denominación originaria.
El Proyecto de Ley deroga la Ley de 2009 sobre los órganos consultivos en el ámbito agroalimentario; sustituye el procedimiento de medición de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias actual, basado en las elecciones a Cámaras Agrarias, por una consulta de ámbito estatal y simultáneo e, igualmente, cambia el órgano consultivo existente, el Comité Asesor Agrario, por otro en el que la representación sea proporcional a los resultados obtenidos en la consulta.
Serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 por 100 de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis Comunidades Autónomas, al menos un 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas. La distribución de los representantes en el órgano consultivo será proporcionarle a los votos obtenidos.
El Proyecto prevé los reajustes de distribución de la representación en el órgano consultivo en los supuestos de escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones.
La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.
Esta Organización Agraria ha criticado “tanto la oportunidad como el contenido” del proyecto de Ley de Representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, por entender “se aleja del modelo de agricultura profesional, que es el que ASAJA de Castilla y León defiende”.
Además, ha denunciado las escasas facilidades que se dan para ejercer el derecho al voto, al establecer un número mínimo de urnas por provincia, olvidando que quienes acudiran a estos comicios residen en numerosos núcleos de población que se reparten por nuestro extenso territorio.
ASAJA considera, además, que la normativa fraguada por el equipo de Arias Cañete “pasa deliberadamente por alto que en comunidades como Castilla y León ya se han celebrado desde 1997 cinco elecciones en el campo, la más reciente en diciembre de 2012”. Unos procesos electorales que han otorgado unos resultados claros y corroborados por todo el sector, por lo que ASAJA pide que estos datos se extrapolen y se consideren válidos para medir la representatividad agraria en nuestra Comunidad Autónoma.
Por último, esta Organización Agraria confía en que en el trámite parlamentario haya “un vuelco total de un proyecto rechazado masivamente por el sector”.
Esta OPA considera que el contenido del Anteproyecto de Ley contiene enormes carencias en cuanto a garantías democráticas, ya que el procedimiento que se fija para determinar la representatividad no se basa en un proceso electoral conforme a la Ley Electoral General, sino en una consulta popular, que deja enormes lagunas en cuestiones esenciales como el censo o la ubicación de las mesas electorales, o la insuficiente regulación del voto por correo.
Para La Alianza UPA – COAG resulta llamativo que la propuesta legislativa del ministro no haya sido previamente consultada con las comunidades autónomas, ni siquiera las de su propio partido, dando la sensación de que lo que realmente busca es enredar y tratar de obtener una “representatividad” más acorde a sus propias preferencias, de tipo personal o político, independientemente de la implantación real de las organizaciones entre los profesionales.
Además, critican que no haya mesas electorales en todos los pueblos y que se abra la posibilidad a participar a cualquier persona que tenga un determinado nivel de ingresos agrarios, como rentas o subvenciones, aunque no sea profesional, lo que demuestra a las claras, en opinión de esta Organziación Agraria, la falta de apuesta por un modelo social agrario para nuestro país que se fundamente en el empleo y la actividad real de las explotaciones.
La OPA castellanoleosesa y su organización estatal considera que la citada LEy, tras su trámite parlamentario, abrirá un proceso electoral en el campo para que los agricultores y ganaderos puedan elegir a quienes les representan a nivel estatal.
La Unión de Uniones en boca de su máximo responsable, José Manuel de las Heras «da la bienvenida al proyecto de Ley, reconociendo que el Ministro está cumpliendo sus compromisos en esta cuestión”, señalando, por último, que la futura consulta electoral deberá guardar coherencia en su diseño básico y tener en consideración las consultas ya celebradas en algunos territorios (Cataluña, Castilla y León, Madrid) en el marco de las elecciones a Cámaras Agrarias, en las que los agricultores y ganaderos ya han manifestado su opinión otorgando a la Unión de Uniones un grado de representación importante y, en algún caso, mayoritaria.
Agronews Castilla y León
