
APAG EXTREMADURA ASAJA manifiesta su rotunda oposición a que los bienes que integraron el patrimonio de las extintas cámaras agrarias locales pase, como es el propósito de la Junta de Extremadura, a determinados ayuntamientos, y exige a la administración autonómica que cumpla los compromisos políticos y la propia legalidad, garantizando que dicho patrimonio se destine a fines y servicios de interés agrario y no a cualquier otro tipo de intereses.
Los servicios jurídicos de APAG EXTREMADURA ASAJA, de resultar procedente, iniciarán cuantas acciones esté en su mano, en las mesas de negociación y, si llega el caso, en los juzgado, para evitar que el atropello continúe y para lograr que, de alguna manera, se haga algo de Justicia donde tanto abuso ha habido.
APAG EXTREMADURA ASAJA recuerda que tales bienes, entre los que se encontraban inmuebles de enorme valor económico, dinero en metálico o cuadros de Adelardo Covarsí, como el que cuelga de las paredes del despacho de la actual Consejera de Medio Ambiente, fueron adquiridos por los agricultores y ganaderos extremeños y de ellos, al menos moralmente, es su propiedad.
Transferidas, en 1995, las competencias en materia de Cámaras Agrarias a nuestra administración autonómica, tardo la Junta de Extremadura de Rodríguez Ibarra menos de dos años en incautar los bienes de las mismas, sin indemnización alguna para los agricultores y ganaderos que los habían, tras largos años y con mucho esfuerzo, adquiridos, y, ni tan siquiera, para las organizaciones agrarias que los representan, asumiendo, eso sí, el incumplido compromiso político y normativo de que, a tales bienes, se le daría un destino de interés agrario, de forma que los agricultores y ganaderos, que moralmente eran sus legítimos propietarios, pudieran, de esa forma, beneficiarse de los bienes que les habían sido injustamente incautados.
Transcurridos los años, muchos de tales bienes, fueron cedidos en uso, que no en propiedad, a distintos ayuntamientos, dando los mismos, a tales bienes, destinos muy diversos, algunos de interés agrario y otros no, sin que la administración autonómica velara efectivamente por el cumplimiento del compromiso político asumido por la Junta de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y plasmado en la Ley 3/1997, de 20 de marzo, de Extinción de las Cámaras Agrarias Locales.
Durante todos esos años, APAG EXTREMADURA ASAJA, ha venido mostrando, en numerosas ocasiones, a la administración autonómica extremeña, su disconformidad con el uso que muchos de los ayuntamientos beneficiados con la cesión gratuita de los bienes de las extintas Cámaras Agrarias locales y que la propia Junta, que se reservó parte del patrimonio, daban a los mismos, inmuebles en su mayoría, por considerar que se estaba, flagrantemente, incumpliendo tal compromiso y, lo que es aún peor, por entender que, también flagrantemente, se estaba incumpliendo el propio texto de la Ley 3/1997, que permitía tal cesión, sin que la Junta hiciera y haga absolutamente nada, en la media en la que dicho texto contemplaba y contempla la obligación de la Junta de Extremadura de garantizar la aplicación de los repetidos bienes a fines y servicios de interés general agrario.
Ahora, es la propia Junta de Extremadura, la de Fernández Vara, heredera de la de Rodríguez Ibarra, la que viene a dar una nueva vuelta a la tuerca y pretende ceder la propiedad a determinados ayuntamiento unos bienes que, moralmente, siguen sin ser de la Junta y que siguen perteneciendo, moralmente, a los agricultores y ganaderos.
Asi, APAG EXTREMADURA ASAJA denuncia el flagrante y continuado incumplimiento, por parte de la Junta de Extremadura de sus compromisos adquiridos y de la Ley que vino a recogerlos, culminando así un atropello histórico, el robo a los agricultores y ganaderos de lo que era suyo, en beneficio de alcaldes como el de Don Benito, curiosamente exconsejero de agricultura, que recientemente anunció en prensa la cesión en propiedad a su ayuntamiento del local de la extinta Cámara Agraria de Don Benito, parcialmente reconvertida, “con un claro interés agrario”, en salón de plenos municipal.
Esta organización critica, igualmente, el flagrante y continuado incumplimiento, por parte de la Junta de Extremadura del procedimiento que la Ley 3/1997 establece para la cesión de los reiterados bienes y que señala que corresponde a una inexistente, quizá de forma interesada, comisión la función de acordar y elevar las correspondientes propuestas de cesión.