• La asociación de la industria cárnica asegura que la escalada de los costes de producción de la industria cárnica, a lo que se suma la presión inflacionista y la entrada en vigor del impuesto al plástico está golpeando los márgenes de las empresas, agotando sus reservas y poniendo en peligro su pervivencia.

El encarecimiento de los costes de las materias primas y la subida constante y sin precedentes de la energía y resto de insumos han incrementado los costes de producción de las empresas.

A ello se ha sumado la evolución inflacionista y el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, cuya entrada en vigor prevista para el 1 de enero del 2023, añadirá nuevas cargas económicas y administrativas a unas empresas ya muy dañadas en los últimos años.

El sector está atravesando una compleja situación y desde ANICE se teme que, de no resolverse de manera urgente, terminará con la destrucción de una importante parte de nuestro tejido industrial, con lo que ello implica de pérdida de actividad y futuro para el medio rural en el que se ubica gran parte de la industria cárnica, poniendo en peligro también el liderazgo de España en el comercio exterior.

El secretario general de ANICE, Miguel Huerta, solicita la eliminación de nuevas cargas y el apoyo a los sectores que dan vida al medio rural. “Se debe favorecer el desarrollo empresarial del sector cárnico-ganadero, eliminando trabas. Solo así podremos seguir manteniendo nuestro liderazgo exportador”.

La ganadería y la agricultura, junto con la industria alimentaria que, básicamente se asientan en el territorio rural, son los únicos sectores capaces de evitar el avance del despoblamiento en España, creando empleo, generando riqueza, promoviendo la vida en los pueblos, y aprovechando los recursos de manera sostenible.

En nuestro país, la actividad ganadero-cárnica supone la implantación en la actualidad de 350.000 granjas de toda la geografía española, principalmente en entornos rurales, aportando cerca de 44.000 millones de euros al PIB nacional y generando 672.000 empleos directos y dos millones de empleos asociados.

Se añade a ello que la industria de alimentación y bebidas, según datos del último informe de Empleo publicado por FIAB, fijó el pasado año una población de 834.737 personas en la España vaciada.

La industria alemana ya ha dado la voz de alarma, advirtiendo que la desaparición de granjas de cerdos en el país supone una quiebra estructural de la ganadería porcina, que terminará con el desabastecimiento de carne de cerdo y con ello de proteína de origen animal. En los últimos diez años, el país ha visto reducido su número de granjas, en un 41%, y su censo en un 20%.

España que ya registra récords históricos de cotización del porcino, como hemos podido observar en el gráfico anterior, también corre el riesgo de desabastecimiento si se siguen introduciendo obstáculos a la instalación de nuevas granjas porcinas, que en nuestro país cumplen con los más estrictos estándares de bienestar animal a nivel mundial.

Por ello, en un momento tan complejo como el actual, es necesario favorecer el desarrollo empresarial de los sectores cárnicos, eliminando cargas administrativas y obstáculos a la implantación de nuevos proyectos.

Solo así, se ayudará a frenar el despoblamiento y se garantizará la pervivencia de las comunidades productoras de alimentos. En caso contrario España estará abocada a un medio rural abandonado y empobrecido.

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