La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha emplazado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) a mantener una reunión en la que “demostrarle los datos sobre el impacto negativo que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) tiene en Andalucía”, que va a recibir 902,5 millones de euros menos en el período 2014-2020 que los que percibió en el anterior marco (2007-2013). “La Junta de Andalucía no miente”, ha asegurado la consejera, quien ha recordado que la evaluación de las pérdidas se ha realizado a partir de los datos de la asignación definitiva de derechos de pago básico publicada por el Ministerio el pasado 31 de marzo.
Carmen Ortiz ha lamentado que la única respuesta del Gobierno al análisis sobre el impacto de la PAC sea la descalificación y repetir que la Junta miente, “pero sin rebatir ni uno solo de los datos”. “Lo que tiene que hacer el Ministerio es coger la calculadora y comprobar sus propios datos, que son oficiales y definitivos, publicados en su propia web, para que se dé cuenta del tijeretazo que ha aplicado a Andalucía”, ha espetado la consejera.
Una vez que el Ministerio ha publicado la asignación de derechos de pago básico, “la obligación de la Junta es analizaros y estudiarlos, independientemente de circunstancias como que haya elecciones o no”, ha explicado Ortiz. “Los datos son muy lesivos para los agricultores y ganaderos andaluces, especialmente para los 208.000 pequeños productores que perciben menos de 5.000 euros, y la Junta siempre va a estar de su lado defendiéndolos y velando por los intereses del campo andaluz”, ha añadido.
Los agricultores y ganaderos andaluces van a recibir en ayudas directas en el actual período 616,5 millones de euros menos que en el marco anterior, una pérdida del 6,2%, que es 10 veces más que el 0,67% que dijo el ex ministro Miguel Arias Cañete que sería la oscilación máxima de los incentivos, ya fuera a la baja o incluso al alza.
Los datos ponen además de manifiesto que se trata de una reforma regresiva, que perjudica especialmente a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos por la aplicación de un recorte lineal en todas las ayudas del 8,64% sin excepción. Hasta ahora en la historia de la PAC , siempre que había habido necesidad de reducir las ayudas por ajustes presupuestarios habían quedado exentos de los recortes los beneficiarios que perciben menos de 5.000 euros. Por decisión del Gobierno de España, que desoyó las petición que se hizo desde Andalucía, es la primera vez que se aplica un recorte lineal a todos los perceptores de ayuda.
Respecto a las ayudas asociadas, está previsto que en 2016 se haga una revisión de las mismas, pero el resultado debe estar entregado a la Comisión Europea antes del 1 de agosto, según establece el reglamento, por lo que Ortiz ha conminado al Ministerio a convocar una Conferencia Sectorial para esta revisión antes del 1 de julio. Andalucía volverá a solicitar que se conceda una ayuda asociada al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro, sectores relevantes en Andalucía y que atraviesan dificultades de rentabilidad que los lleva a una situación de riesgo de desaparición, que son los requisitos que prevé el reglamento europeo para este tipo de incentivos. Hasta ahora, el Gobierno se ha negado a las reiteradas peticiones de la Junta en este capítulo.
En cuanto a la asignación de los fondos de desarrollo rural, la consejera ha recordado que ésta no tiene nada que ver con el grado de ejecución de los programas del anterior marco. El reparto entre las comunidades autónomas lo realizó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid el 20 y 21 de enero de 2014, es decir, casi dos años antes de que se cerrara el período de ejecución del anterior marco, el 31 de diciembre de 2015. Aunque el marco es 2007-2013, existen dos años (N+2) de plazo para concluir la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos de desarrollo rural.
La consejera ha señalado que “si el argumento de vincular la reducción de los fondos con la ejecución de los planes anteriores fuera cierto, por la misma razón se habrían disminuido fondos a otras comunidades autónomas que han presentado un grado de inejecución en sus planes de desarrollo rural mayores que Andalucía”. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, con una cuarta parte de los fondos de desarrollo sin ejecutar, ha visto incrementada su asignación en un 15%.
Pero no es así. El reparto lo realizó discrecionalmente el Ministerio mucho antes de cerrarse el marco y Andalucía fue la única comunidad autónoma a la que aplicó un recorte . La comunidad andaluza dispuso en el periodo 2007-2013 de una asignación de 2.117 millones de euros de fondos de desarrollo rural, el 26,5% del total nacional. Para el nuevo marco se le han atribuido 1.904 millones, es decir, 211 millones de euros menos, con una participación en el conjunto nacional que baja hasta el 23,7%. Y ello, pese a que España recibe 51 millones de euros más de fondos europeos. Las otras 17 comunidades autónomas incrementan o mantienen las asignaciones que tenían. A estos 211 millones de euros menos, hay que sumar otros 75 millones que dejarán de llegar a Andalucía por la disminución de la parte de coofinanciación que aporta el Estado, es decir, que en total la pérdida de fondos para desarrollo rural (pilar 2 de la PAC) son 286 millones de euros.
