La consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha animado al sector andaluz a “aprovechar la importante oportunidad” que supone para los agricultores andaluces la ampliación a 2023 de la flexibilización de los requisitos de la Política Agraria Común (PAC) para poner en producción las tierras que, en principio, deberían mantenerse en barbecho para poder recibir determinadas subvenciones europeas. “Numerosos productores de Andalucía se han sumado ya a esta posibilidad pero aún hay margen para seguir sacando rendimiento a miles de hectáreas donde podría crecer, por ejemplo, el cereal y el grano que actualmente necesita Europa”, han apuntado desde la Administarción Regional.
Han apostado por poner en producción el máximo de superficie disponible para que los agricultores andaluces “aumenten la rentabilidad de sus explotaciones conservando las mismas subvenciones y contribuyendo, además, a que Europa alcance la suficiencia alimentaria que garantizaría su abastecimiento en momentos de especial dificultad como el que vivimos actualmente, entre otras razones, por el impacto de la guerra de Ucrania”. En Andalucía se están cultivando ya alrededor de 35.700 hectáreas que se encontraban en barbecho para cumplir con las exigencias de la PAC. Esta extensión supone el 53% de las 66.000 hectáreas consideradas de interés ecológico en la Comunidad Autónoma andaluza.
Por otro lado, fuentes de la Consejería ha apuntado también que “los profesionales del sector agrario tienen ya demasiados retos a los que hacer frente como la escasez de recursos hídricos, los altos costes de producción y de la energía eléctrica o los bajos precios que reciben por sus productos”, por lo que solicita al Estado que “interceda ante Bruselas para defenderlos”. “Si a estos desafíos le sumamos la aplicación de las exigencias ambientales de la nueva PAC, la situación podría ser especialmente complicada para algunos agricultores y ganaderos que llevan años luchando por la sostenibilidad del sector y que se esfuerzan a diario para llevar a los mercados alimentos de la máxima calidad”, han aseverado como argumento para insistir en la necesidad de aplazar la entrada en vigor de estos requisitos.
