Anafric, asociación empresarial cárnica española, está a favor de la instalación de los sistemas de vídeovigilancia en los mataderos. José Friguls, presidente de la asociación, explica que desde la entidad «se ha estado trabajando con los socios para informar sobre la instalación de estos dispositivos y hemos ofrecido diversos webinars con información fundamental sobre este sistema y desde 2020 hemos informado sobre las alegaciones a presentar».
Desde la asociación se apunta que muchos de los mataderos «ya disponen de estos sistemas. El ejemplo lo tenemos en los mataderos de porcino, Las empresas que cuentan con la certificación INTERPORC Animal Welfare Spain (IAWS) llevan años incorporando voluntariamente cámaras de videovigilancia en los mataderos, por lo que están perfectamente preparadas para esta medida».
Desde Anafric, la aprobación del Real Decreto «no supone más que la confirmación del camino de transparencia emprendido hace años por granjas, industrias y mataderos para responder a las demandas de los nuevos consumidores».
«Nuestro máximo objetivo es demostrar que ya cumplíamos con los máximos estandares europeos de bienestar animal mejorando, consecuentemente, la seguridad alimentaria de nuestros consumidores.Además – señala José Friguls- desde el sector denunciamos aquellas prácticas poco éticas, por lo que el sistema de videovigilancia es un valor añadido para todos los mataderos que cumplen con la normativa».
Principales características del sistema de videovigilancia
- El texto establece que las cámaras tendrán que colocarse de forma que su funcionamiento respete la intimidad de los profesionales en los mataderos y solo se situarán en los lugares de trabajo justificados.
- Los responsables de los mataderos deberán guardar las imágenes relativas a la descarga, alojamiento en los corrales, conducción a la zona de aturdimiento, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones a posteriori.
- Los mataderos que tendrán un año para colocar sistemas de videovigilancia si son grandes; o dos años, en el caso de las pequeñas instalaciones.
- España se convierte así en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha esta exigencia, que hasta ahora era de carácter voluntario.