La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), Lola Merino, ha recordado hoy en Mollina (Málaga) que Andalucía sigue privando a las mujeres rurales de su derecho a darse de alta en la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
Una denuncia que ha manifestado durante su ponencia “Retos de las mujeres rurales españolas” y que ha ofrecido hoy en el encuentro final de las Jornadas “Womentoring”, organizadas por la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Antequera (FAMCA).
La dirigente nacional ha transmitido su “incomprensión” por esta situación que se viene produciendo desde que la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias entrara en vigor en enero de 2012. “Ya han pasado más de seis años de la aprobación de la norma, y las mujeres andaluzas siguen sufriendo una discriminación con respecto a las agricultoras de otras comunidades autónomas, que el día de mañana si verán reconocido su trabajo, tendrán derecho a una pensión de jubilación y a sus prestaciones sociales con la Titularidad Compartida”.
“Es incomprensible que el Gobierno regional esté castigando a las mujeres que trabajan en el campo andaluz, cuando Andalucía es la que más fondos europeos recibe para las ayudas directas de la PAC y para el Desarrollo Rural, es ilógico”, ha concluido Merino.
En este sentido ha recordado que más del 90% del territorio andaluz es rural, y que en él viven 2 millones de mujeres. Merino ha incidido en la importancia de facilitar su acceso al mercado laboral y al emprendimiento, y frenar esas cifras que hablan de que el desempleo femenino supera el 50% en municipios pequeños como los de la provincia de Málaga”.
«Es necesario convertir a las mujeres en el centro de las políticas de desarrollo rural, ya que son la clave para frenar la despoblación y el emprendimiento y son ellas las que pueden liderar la diversificación económica que permite crear empleo y fijar la población» concluyó Merino
