La Alianza UPA-COAG denuncia la tardanza de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en resolver los recursos presentados.
Retrasos inadmisibles en un sector clave
Esta situación, que se ha prolongado durante meses e incluso años, ha suscitado una preocupación significativa en el sector agrario. Los profesionales del campo, ya sometidos a estrictos plazos para la presentación de documentos y escritos a la administración, se enfrentan a la paradoja de esperar indefinidamente por respuestas a sus solicitudes.
Casos particulares: Un reflejo de la problemática general
Se han identificado numerosos casos de retrasos excesivos en expedientes relacionados con líneas de ayudas para cultivos industriales como la remolacha y la patata, así como en iniciativas de tecnología y precisión agrícola. Un ejemplo alarmante es el de un agricultor que recibió una resolución de un Plan de Mejora siete años después de haber presentado su alegación.
La burocracia al límite: Un desafío para la sostenibilidad del sector
La excesiva burocracia, agravada por la falta de recursos humanos y compromiso político en la Consejería de Agricultura, ha sido identificada como una causa clave de estos retrasos. Esto no solo plantea desafíos en términos de eficiencia y eficacia administrativa, sino que también resulta en consecuencias económicas adversas y un creciente descontento entre los profesionales del sector.
La Alianza UPA-COAG La urgente necesidad de soluciones
La Alianza UPA-COAG urge a la Consejería de Agricultura a tomar medidas inmediatas para abordar y solucionar estos problemas. La falta de gestión efectiva en la documentación administrativa ha llevado a pérdidas económicas significativas y una sensación de frustración y hartazgo entre los afectados.
La distancia entre la administración y el administrado
La situación actual, denunciada desde La Alianza UPA-COAG, refleja una desconexión entre las necesidades y realidades del sector agrario y la capacidad de respuesta de la Consejería de Agricultura. Los retrasos en la resolución de recursos no solo demuestran un desafío burocrático, sino también un alejamiento de la responsabilidad de la administración pública por proveer una gestión eficiente y servicios de calidad.
El problema que enfrentan los agricultores y ganaderos de Castilla y León es un claro ejemplo de cómo las ineficiencias administrativas pueden tener un impacto directo y perjudicial en un sector vital para la economía y la sociedad. La Alianza UPA-COAG reclama una respuesta rápida y efectiva por parte de la Consejería de Agricultura, enfatizando que la justicia en las relaciones entre administrado y administración es esencial para el bienestar y la sostenibilidad del sector agrario en Castilla y León.
