La Alianza UPA-COAG ha lanzado una severa crítica contra la Junta de Castilla y León debido al grave retraso en la resolución de los expedientes de mejora e incorporación agraria, que en algunos casos, datan desde la campaña de 2019. Esta situación, según denuncia la organización, está afectando de manera directa a los jóvenes agricultores y ganaderos, generando desilusión y desincentivando la incorporación de nuevos actores al sector.
Retraso administrativo que frena la incorporación de jóvenes al campo
El campo de Castilla y León enfrenta un desafío importante: la falta de agilidad en la tramitación de ayudas por parte del gobierno regional está impidiendo la incorporación de jóvenes agricultores. Según datos proporcionados por la Alianza UPA-COAG, existen numerosos expedientes desde el año 2019 que aún no han sido resueltos. Esta demora, señala la organización, «mata la ilusión» de aquellos que desean incorporarse a la actividad agrícola o ganadera, o bien mejorar sus explotaciones.
El problema no se limita únicamente a los expedientes de incorporación. La organización agraria también ha detectado un considerable retraso en los expedientes de mejora. En algunos casos, se han abonado los pagos correspondientes a la incorporación, pero no los relacionados con la mejora, lo que deja a los beneficiarios en una situación económica muy comprometida. Esto se ha traducido en un serio obstáculo para el desarrollo del sector, ya que muchos de los jóvenes se ven obligados a recurrir a préstamos bancarios para mantener sus proyectos a flote mientras esperan una resolución administrativa que no llega.
Consecuencias económicas del retraso en los pagos
Este retraso, que para muchos ya supera los cuatro años, no solo afecta a los agricultores a nivel emocional, sino también en términos económicos. La Alianza UPA-COAG alerta de que numerosos jóvenes se han visto obligados a financiarse a través de préstamos, en algunos casos por importes considerables, con el fin de cubrir los costes iniciales de sus explotaciones mientras aguardan a que se resuelvan los expedientes.
La demora en la resolución de estos pagos genera una asfixia económica que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, afectando de forma directa la estabilidad del sector en Castilla y León. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el Gobierno autonómico había señalado la incorporación de jóvenes como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del sector agrícola y ganadero en la región.
Plazos desiguales para agricultores y administración
Otra de las críticas formuladas por la Alianza UPA-COAG es la asimetría en los plazos que deben cumplir los agricultores y la administración. Los profesionales del sector agrícola están sometidos a plazos muy estrictos y cortos para presentar la documentación requerida, mientras que la administración parece no tener la misma celeridad para resolver y abonar las ayudas correspondientes. Esta situación, para la organización agraria, genera un profundo malestar y una sensación de desprotección entre los agricultores, que ven cómo sus proyectos se ralentizan debido a la falta de apoyo institucional.
Según la Alianza, este problema refleja una clara desidia y parsimonia en la gestión de los fondos destinados al desarrollo rural, lo que genera una pérdida de confianza en la capacidad del gobierno autonómico para cumplir con sus compromisos.
Impacto en el futuro de los fondos de desarrollo rural (PDR)
La Alianza UPA-COAG ha advertido que una mala gestión de los fondos de desarrollo rural (PDR) no solo afecta a los agricultores en el presente, sino que podría tener consecuencias negativas para el futuro. Si la Junta de Castilla y León no consigue ejecutar los fondos en los plazos establecidos, existe el riesgo de que ese dinero sea redirigido a otras comunidades autónomas que demuestren una mayor eficacia en la gestión de los mismos.
Esto sería un duro golpe para el sector agrícola y ganadero de Castilla y León, que depende en gran medida de estos fondos para mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus explotaciones. La pérdida de estos recursos limitaría las oportunidades de desarrollo en una región donde la agricultura y la ganadería son motores económicos fundamentales.
Reclamaciones de la Alianza UPA-COAG a la Junta de Castilla y León
Ante esta situación, la Alianza UPA-COAG ha lanzado un llamamiento urgente a la Junta de Castilla y León para que agilice la resolución de los expedientes pendientes y demuestre su compromiso con el sector. La organización reclama que la Consejería de Agricultura presione a las instancias económicas del gobierno autonómico para que se priorice el abono de las ayudas correspondientes.
Para la Alianza, esta paralización administrativa genera serios problemas para los profesionales del sector, que ven cómo sus expectativas de crecimiento se ven truncadas por la falta de apoyo institucional. Además, consideran que es una cuestión de justicia que los agricultores reciban una respuesta rápida y eficiente por parte de la administración, sobre todo cuando ellos cumplen con los requisitos exigidos en tiempo y forma.
El retraso en la resolución de los expedientes de mejora e incorporación agraria en Castilla y León no es solo un problema administrativo, sino que pone en juego el futuro del sector. La incapacidad de la administración para gestionar con celeridad los fondos destinados a apoyar a los jóvenes agricultores está generando un clima de incertidumbre y desilusión que podría tener consecuencias a largo plazo.
La Alianza UPA-COAG continúa reclamando a la Junta de Castilla y León que tome medidas urgentes para resolver esta situación y evitar que más jóvenes se vean desincentivados para incorporarse a la actividad agrícola o ganadera. La viabilidad de muchas explotaciones y el futuro del sector agrario en la región dependen de ello.
