La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Junta de Castilla y León que, al igual que ocurrió en la campaña anterior, no se penalice con la pérdida de la ayuda agroambiental a los productores que, debido a los bajos precios ofrecidos por la industria, decidan no sembrar remolacha en la campaña 2026/2027.
El comunicado de prensa asegura que las condiciones económicas actuales hacen inviable la siembra del cultivo, ya que los precios propuestos por las industrias azucareras no cubren los costes de producción, una situación que, además de ruinosa para los agricultores, está prohibida por la legislación vigente.
Un contrato agroambiental que obliga a sembrar en condiciones excepcionales
El comunicado de prensa explica que el contrato agroambiental plurianual de remolacha, conocido en Castilla y León como Cultivos Agroindustriales Sostenibles, obliga por ley a los productores acogidos a él a sembrar remolacha durante un periodo de cinco años consecutivos.
Sin embargo, la Alianza UPA-COAG subraya que una campaña más concurren circunstancias excepcionales, marcadas por los bajos precios mundiales del azúcar, que convierten la siembra de remolacha en una actividad económicamente ruinosa para los agricultores de la región.
Según el comunicado, estas condiciones extraordinarias justifican que, de forma excepcional, no se exija el cumplimiento estricto de la obligación de siembra, evitando así que los productores pierdan la ayuda agroambiental por causas ajenas a su voluntad.
Precedentes: la excepción ya se aplicó la campaña pasada
La Alianza UPA-COAG recuerda que el año pasado ya se adoptó una solución similar, después de que la organización lo solicitara formalmente. En aquel caso, la Junta de Castilla y León permitió que la ausencia de siembra de remolacha no fuera motivo de resolución del contrato agroambiental.
El comunicado de prensa defiende que esta misma fórmula debe aplicarse nuevamente en la campaña 2026/2027, de modo que:
-
La no siembra de remolacha no implique incumplimiento del contrato.
-
Los agricultores no pierdan la ayuda agroambiental.
-
No se obligue a los productores a sembrar un cultivo claramente deficitario.
Para la organización agraria, se trata de una medida de sentido común, orientada a proteger la viabilidad económica de las explotaciones familiares.
Precios por debajo de costes: una práctica prohibida por ley
Uno de los ejes centrales del comunicado es la denuncia de los precios ofrecidos por las industrias azucareras. La Alianza UPA-COAG recuerda que la legislación prohíbe expresamente que los agricultores perciban un precio por debajo del coste efectivo de producción.
Según el comunicado de prensa, las ofertas planteadas por las azucareras para esta campaña incumplen este principio básico, situando a los remolacheros en una posición insostenible:
-
Costes elevados de producción.
-
Precios de venta insuficientes.
-
Riesgo directo para la rentabilidad de las explotaciones.
En este contexto, la organización considera inaceptable que se obligue a los agricultores a sembrar para mantener la ayuda agroambiental cuando el propio mercado les condena a pérdidas seguras.
El impacto de los precios mundiales del azúcar
El comunicado de prensa vincula directamente la situación del sector remolachero regional con la evolución de los precios mundiales del azúcar, que se mantienen en niveles bajos. Esta coyuntura internacional repercute de forma directa en el precio que perciben los productores de Castilla y León.
La Alianza UPA-COAG insiste en que no puede exigirse a los agricultores que asuman en solitario las consecuencias de una crisis de precios global, especialmente cuando:
-
Se trata de un cultivo sometido a contratos plurianuales.
-
La rentabilidad está completamente comprometida.
-
Las decisiones de siembra deben tomarse de manera inminente.
Llamamiento urgente a la Junta de Castilla y León
La organización agraria realiza un llamamiento urgente a la Junta de Castilla y León para que demuestre sensibilidad ante una situación que puede “dar al traste con las economías de las explotaciones familiares”.
El comunicado de prensa subraya que la urgencia viene marcada por el calendario agrícola, ya que en las próximas fechas los agricultores deben decidir si siembran o no remolacha. Por ello, la Alianza UPA-COAG reclama una respuesta inmediata que aporte seguridad jurídica y económica a los productores.
Críticas a Azucarera a la falta de exigencia institucional
En uno de los apartados más críticos del comunicado, la Alianza UPA-COAG sostiene que la Junta de Castilla y León debería aplicar mano dura contra determinadas empresas del sector, en lugar de cargar toda la responsabilidad sobre los agricultores.
En este sentido, el comunicado menciona explícitamente a Azucarera, señalando que:
-
Ha percibido subvenciones públicas de la Administración regional.
-
Posteriormente ha dejado desamparados a los agricultores.
-
Ha aprovechado históricamente contextos de precios bajos para reducir los precios pagados al productor.
-
Ha cesado la actividad de molturación en algunos centros de la región.
Para la organización, resulta incomprensible que se exija compromiso y permanencia a los agricultores mientras no se reclama el mismo nivel de responsabilidad a la industria.
Una defensa del equilibrio en la cadena agroalimentaria
El comunicado de prensa concluye defendiendo la necesidad de un trato equilibrado dentro de la cadena agroalimentaria. La Alianza UPA-COAG considera injusto que:
-
Se mantengan intactas las obligaciones de los agricultores.
-
No se adapten los requisitos del contrato agroambiental a situaciones excepcionales.
-
No se exija a la industria un comportamiento acorde con los apoyos públicos que recibe.
Desde el punto de vista de la organización, proteger a los remolacheros en esta campaña no es solo una cuestión económica, sino también de coherencia institucional y justicia social en el medio rural.
Conclusión
La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León una respuesta clara, urgente y sensible para evitar que los productores de remolacha pierdan la ayuda agroambiental en una campaña marcada por precios ruinosos y falta de viabilidad económica. El comunicado de prensa defiende que, ante circunstancias excepcionales, deben adoptarse medidas excepcionales, priorizando la supervivencia de las explotaciones familiares y el equilibrio en la cadena agroalimentaria.
