El sistema europeo de alertas rápidas para alimentos, conocido como RASFF, ha detectado durante el mes de febrero un total de 11 rechazos de productos agrícolas importados por incumplir la normativa comunitaria en materia de residuos. Según la nota de prensa, se trata de 6 partidas de cítricos procedentes de Egipto, Turquía y Brasil, y 5 envíos de aguacates originarios de Colombia y Perú, todos ellos por presencia de sustancias no autorizadas o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos en la Unión Europea.
La organización agraria LA UNIÓ ha denunciado públicamente estos hechos y ha alertado de lo que considera una situación de competencia desleal frente a los productores europeos, especialmente en un momento clave para la comercialización de los cítricos españoles.
Los pesticidas prohibidos desde 2020 vuelven a aparecer en cítricos importados
La nota de prensa dice que, de los seis rechazos en cítricos registrados en febrero:
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4 corresponden a Egipto, todos ellos por presencia de Clorpirifos.
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1 corresponde a Turquía, por detección de Metil clorpirifos.
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1 corresponde a Brasil, por presencia de Demeton.
Las sustancias activas Clorpirifos, Metil clorpirifos y Demeton no están autorizadas en la Unión Europea desde el año 2020, tras su prohibición por motivos relacionados con la salud pública y la protección del medio ambiente.
La reiteración de estos principios activos en productos importados vuelve a situar el foco en la eficacia de los controles fronterizos y en la coherencia de la política comercial comunitaria.
Cinco rechazos en aguacates por superar los límites de cadmio
Además de los cítricos, el comunicado de prensa asegura que en febrero se han producido 5 rechazos en aguacates, todos ellos por contener Cadmio, un metal pesado sujeto a limitaciones máximas tanto en alimentos como en fertilizantes.
El origen de estos rechazos es el siguiente:
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4 partidas procedentes de Colombia
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1 partida procedente de Perú
El aguacate, considerado un cultivo emergente en los mercados europeos, entra así en el radar de las alertas sanitarias por presencia de contaminantes que superan los límites permitidos.
Coincidencia con la rebaja de controles a las naranjas egipcias
Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado es la coincidencia temporal entre estos rechazos y la decisión de la Comisión Europea de reducir la frecuencia de inspección a determinados productos.
Según la nota de prensa, la Comisión Europea ha decidido rebajar el nivel de control a las naranjas procedentes de Egipto, pasando del 20% al 10% de frecuencia de inspección. Las autoridades comunitarias argumentan que, tras un periodo de controles reforzados iniciado en julio de 2022 debido al riesgo de residuos de plaguicidas, se ha observado una mejora en el cumplimiento normativo, por lo que el nivel del 20% ya no se considera justificado.
Sin embargo, los nuevos datos de febrero cuestionan esa interpretación. La organización agraria considera que los datos oficiales de interceptaciones siguen siendo elevados, lo que, a su juicio, invalida el argumento de que exista una mejora consolidada.
La coincidencia se produce además en un momento clave: la entrada de las naranjas egipcias en competencia directa con las producciones españolas en los mercados europeos.
Reducción adicional de controles a Turquía
La rebaja de inspecciones no afecta únicamente a Egipto. El comunicado de prensa asegura que también se ha reducido la frecuencia de control a productos procedentes de Turquía:
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Limones y naranjas: del 30% al 20%.
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Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares: del 20% al 10%.
Estos ajustes en la política de inspección coinciden con la persistencia de interceptaciones en productos turcos, lo que, según LA UNIÓ, agrava la sensación de desequilibrio competitivo.
LA UNIÓ denuncia “competencia desleal” y ausencia de reciprocidad
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, ha sido especialmente contundente. La nota de prensa recoge sus declaraciones, en las que afirma que la situación constituye una “auténtica competencia desleal”.
Peris sostiene que no es justificable reducir los controles cuando las interceptaciones siguen produciéndose de forma reiterada y, además, siempre desde los mismos países. A su juicio, la Unión Europea no puede permitir la entrada de productos cuyo sistema de cultivo utiliza materias activas prohibidas dentro de su propio territorio.
La organización denuncia también la ausencia de mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción, así como la falta de adopción de cláusulas espejo que obliguen a terceros países a cumplir las mismas exigencias que los agricultores europeos. Según el comunicado, tampoco existe compromiso alguno de reducción de materias activas en terceros países, mientras que dentro de la Unión Europea sí se aplican políticas de restricción progresiva.
Propuesta: aumentar los controles hasta el 50% y ampliarlos 12 meses
Frente a lo que califica como “alegrías” de las autoridades comunitarias, LA UNIÓ propone un endurecimiento significativo de los controles.
Entre las medidas planteadas destacan:
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Incrementar al 50% el control de identidad y físico a frutas y hortalizas procedentes de países con mayor número de interceptaciones, especialmente Turquía y Egipto.
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Ampliar la duración de estas medidas a un periodo de 12 meses completos.
Además, la organización plantea una cláusula de reacción automática: si durante cualquiera de los meses de ese periodo se observa un incremento del 5% en las alertas de algún producto concreto, se debería proceder al cierre de las importaciones de ese país para el producto afectado.
La propuesta incluye específicamente la suspensión de entradas de productos agrícolas que contengan restos de pesticidas no autorizados en la Unión Europea o que superen los LMR establecidos.
Mercosur, en el centro del debate comercial
El comunicado también extiende la crítica a la política comercial comunitaria en relación con terceros países y acuerdos internacionales.
LA UNIÓ señala que la Comisión Europea debería replantearse su política de firma de acuerdos comerciales con países como Egipto y Turquía, así como con los países de Mercosur, que según la organización se sitúan de forma recurrente entre los primeros en número de rechazos tanto por materias activas no autorizadas como por presencia de plagas.
El secretario general insiste en que firmar un acuerdo como el de Mercosur supondría, en sus palabras, “una sentencia de muerte contra el campo y sus agricultores y ganaderos”, al considerar que generaría:
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Competencia desleal
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Agravio comparativo en estándares
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Reducción o eliminación de aranceles sin igualdad normativa
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Mayor riesgo de entrada de plagas
Un debate estructural: controles, comercio y sostenibilidad
Los datos de febrero —11 rechazos en total, 6 en cítricos y 5 en aguacates— reactivan un debate estructural en el seno de la política agraria europea: el equilibrio entre apertura comercial, seguridad alimentaria y protección del sector productivo interno.
Por un lado, la Comisión Europea defiende la adaptación de la frecuencia de controles en función de la evolución del cumplimiento detectado en frontera. Por otro, organizaciones agrarias como LA UNIÓ sostienen que la reducción de inspecciones en un contexto de interceptaciones recurrentes envía una señal equivocada al mercado.
El núcleo del conflicto gira en torno a tres ejes:
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Seguridad alimentaria y salud pública
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Reciprocidad normativa
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Competencia en igualdad de condiciones
Mientras tanto, los agricultores europeos siguen sujetos a una normativa estricta en materia de fitosanitarios y límites de residuos, lo que, según las organizaciones agrarias, encarece los costes de producción y reduce su margen competitivo frente a importaciones con estándares distintos.
Conclusión: febrero reabre la presión sobre la política comercial europea
Los 11 rechazos registrados en febrero no son solo una cifra puntual. Representan un episodio más en un debate que combina seguridad alimentaria, regulación fitosanitaria y política comercial.
La presencia de Clorpirifos, Metil clorpirifos y Demeton, prohibidos desde 2020, junto con el exceso de Cadmio en aguacates importados, vuelve a cuestionar la eficacia y coherencia del sistema de control en frontera, especialmente en un contexto de reducción de frecuencias de inspección.
La tensión entre apertura de mercados y protección del sector agrario europeo continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda comunitaria.
