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En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según la Orden de la Consejería de Agricultura de la región, que Unión de Uniones recoge en estas páginas, se establece en 9º baumé el contenido mínimo en azúcares para que las uvas puedan ser destinadas en la presente campaña a la elaboración de vino.  La medida se orienta tanto a la calidad de la producción, como a aligerar el mercado de productos que no cumplen los requisitos para ser calificados como vinos. Unión de Uniones valora la intención la intención de mejorar el mercado con que aparece esta exigencia, pero alerta del riesgo de que la ausencia de control e inspección abran la puerta a prácticas no deseadas.

En el Real Decreto 557/2020, entre las medidas puestas en marcha se disponía en junio  la prohibición permanente de dedicar a vino las uvas procedentes de parcelas en las que los rendimientos por hectárea superasen los 18.000 kg/ha para variedades tintas y 20.000 kg/ha para las blancas; para la presente campaña uva blanca. Esta producción solo puede tener como destino el mosto, vinagre o alcohol.

Y estos son los mismos fines a los que podrá ir, en Castilla-La Mancha y en esta campaña 2020/2021, la uva que no alcance la frontera de los 9º baumé de contenido en azúcares. Ya el año pasado, el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla–La Mancha (IRIAF) redactó un informe técnico de cara al debate sobre las medidas de autorregulación del mercado, en la que justificaba la adopción de esta norma, junto con limitación de rendimientos y un máximo de ácido glucónico, como beneficiosas para aumentar la calidad de la producción.

No obstante, el MAPA en su Real Decreto, de momento, sólo compró la limitación de rendimientos para trasladarla a normativa estatal y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha decidido, en el ejercicio de sus competencias, complementar dicha medida en esta vendimia con la exigencia de un grado mínimo para la uva que garantice su madurez.

Por lo tanto, en la presente campaña, las instalaciones de la región que reciban uva procedente de parcelas de viñedo con un grado baumé inferior a 9º no podrán destinarla a la producción de vino, el producto de la trasformación de estas uvas deberá tener como destino final exclusivamente mosto, vinagre o alcohol.

La forma de acreditar el cumplimiento de la norma es que las bodegas presenten una declaración responsable de que así es, antes del 20 de septiembre, según el modelo que aparece en la propia orden y que simplemente identifica a la bodega y el responsable de la misma y afirma expresamente el cumplimiento de ambos requisitos (no vinificar uva de menos de 9º y destinar la que no llegue al mínimo a mosto, vinagre o alcohol).

Una norma con varias caras.

Para empezar, desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha decimos lo que solemos decir cuando se abordan este tipo de medidas: que tenemos nuestras reservas (muchas) a autoimponernos unas normas estrictas (más allá de lo que exigen las reglas comunitarias y las de la Organización Internacional de Comercio) en cuanto a calidad, rendimientos y grados mínimos, y que, sin embargo, no se dé con insistencia y contundencia la batalla para abolir la chaptalización en las zonas vitícolas del norte de Europa, donde el vino se enriquece directamente con sacarosa de remolacha y cuando nos vemos obligados a competir con viticultores europeos que nos doblan los rendimientos. Somos conscientes de lo complicado que resulta torcer este tipo de voluntades en el concierto de la UE, pero debería ser una reivindicación constante española en cada negociación y la echamos de menos.

Dicho esto, desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha contemplamos la medida desde las múltiples caras desde la que puede abordarse.  Por un lado, parece razonable utilizar un parámetro para la uva que permita en buena lógica partir de materia prima que posibilite hacer vino, que sea de verdad vino con al menos 9% vol. de grado alcohólico adquirido, tal y como establece el Reglamento de la OCM para la zona vitícola C, en la que estamos en Castilla-La Mancha.

Pero precisamente, y teniendo en cuenta que la uva con menos grado solo puede ir a mosto, vinagre o alcohol, aquí es donde la norma incurre en una contradicción reglamentaria que debería aclararse. Porque para hacer vinagre de vino y para destilar alcohol de vino, antes esas uvas deberían haber sido procesadas como tal vino y, si añadimos que para que lo sea ha de tener al menos un 9% vol., la cosa se presta a mucha confusión.

También es cierto que a partir de uva de menos grado se podría obtener vino de una mayor graduación mediante las técnicas enológicas adecuadas… pero la elaboración se encarece y, realmente, en las circunstancias actuales del mercado, permitir la vinificación de uvas inmaduras es abonar terreno para algunas de las prácticas de fraude que se han destapado estos días de atrás.

Además, no establecer un control suficiente y real (y pedir que se meta por registro una mera declaración responsable, no nos engañemos,… no lo es) también puede abrir la puerta a prácticas indeseadas. Precisamente, uno de los puntos que más preocupan a la organización es que, circulando por los canales de comercialización menos escrupulosos, estas uvas de tintas o blancas, pasen a “negras” y acaben en el mismo sinfín que las demás. La “apuesta por la calidad, trazabilidad y transparencia” que se cita en la Orden publicada, queda bastante puesta en entredicho si no se establecen los mecanismos de inspección imprescindibles.

En todo caso, nuestra reclamación ha sido siempre que antes (o por lo menos al mismo tiempo) de adoptar medidas de autorregulación que supongan sacrificios para una parte de nuestros viticultores, era (y sigue siendo) necesario limpiar debajo de las alfombras y eliminar el fraude del mercado del vino y del alcohol.

Insistimos en que el volumen que se vierte de manera artificial en el balance del sector está en el margen de los 3 a 5 millones de hectólitros. Son datos que parten de las informaciones que la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (ADEVIN) ha venido compartiendo con Unión de Uniones y que han sido tanto el cimiento de las denuncias de dicha entidad ante las autoridades regionales, estatales y europeas, como la base de las argumentaciones de Unión de Uniones igualmente ante las diferentes administraciones.

La organización anima a las autoridades competentes a que prosigan sus investigaciones y continúen las operaciones contra el fraude y a adoptar otras medidas como la desnaturalización de los alcoholes para uso energético procedentes de la destilación de crisis. “Tenemos unos viticultores y una red de cooperativas y bodegas que se esfuerzan cada día por presentar los mejores vinos con honestidad y respeto a las normas” concluyen “todo este trabajo no lo pueden arruinar algunos impresentables”.

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