ASAJA Alicante ha alzado la voz tras la publicación por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de las sanciones firmes del tercer trimestre de 2025. La organización agraria considera que los datos reflejan la falta de voluntad real para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, y denuncia que las prácticas abusivas y los desequilibrios que sufren agricultores y ganaderos no están siendo perseguidos de forma efectiva.
Solo 21 sanciones de la AICA en toda España en el tercer trimestre
Según los datos publicados por AICA y disponibles en su web oficial, durante el tercer trimestre del año únicamente se han impuesto 21 sanciones en todo el territorio nacional, una cifra que ASAJA Alicante califica como “ridícula” y “demostrativa de la inoperancia del sistema”. En este reducido número de sanciones se incluyen casos de infracciones habituales como:
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No formalizar contratos por escrito;
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No incorporar precios en los contratos;
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No remitir los contratos a AICA;
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Obstrucción o negativa a aportar documentación.
Además, la gran distribución, que a juicio de ASAJA “es quien impone los precios en destino”, sigue sin ser señalada ni sancionada, perpetuando la situación de abuso que viven los agricultores en origen.
Sanciones que no disuaden y que no cambian las dinámicas del mercado
ASAJA Alicante pone el foco en el escaso efecto disuasorio de las sanciones actuales. Aunque en 2025 las multas son más cuantiosas en comparación con 2024, siguen resultando insuficientes. La evolución anual es la siguiente:
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Total de sanciones 2024: 181 sanciones (media trimestral de 45,25)
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Total de sanciones 2025: 78 sanciones en tres trimestres (media trimestral de 26)
A pesar de la reducción del número de expedientes, la cuantía total de las sanciones ha aumentado:
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2024: 959.705,69 € (media por sanción: 5.302,24 €)
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2025: 974.594,66 € (media por sanción: 12.494,80 €), lo que supone un incremento del 136 % en el importe medio por infracción.
No obstante, la cifra acumulada para ambos años apenas supera los 1,9 millones de euros, una cantidad considerada “ridícula” si se tiene en cuenta el volumen de negocio de las grandes cadenas de distribución.
Exigen multiplicar las sanciones por tres
Ante esta situación, ASAJA Alicante solicita un incremento mínimo del 300 % en la cuantía base de las sanciones pecuniarias. Según la organización, solo así se lograría un efecto ejemplarizante y se impediría que los operadores más poderosos continúen incumpliendo la normativa sin consecuencias reales.
Además, piden dotar a AICA de:
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Más presupuesto;
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Más personal inspector;
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Mayor agilidad en la tramitación de denuncias;
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Un enfoque proactivo y no meramente reactivo.
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha sido claro: “El sistema está fallando, las sanciones son insuficientes y no tienen ningún efecto disuasorio. No se protege al eslabón más débil de la cadena, que es la producción agraria. Los abusos que sufrimos a diario los agricultores no están siendo atendidos por AICA”.
Precios en origen: limones a 0,60 € el kilo, consumidores a 3 €
Uno de los ejemplos más ilustrativos del desequilibrio lo aporta el caso del limón Verna, una variedad típica del sur de la Comunidad Valenciana. Durante la última campaña:
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El precio en origen fue de solo 0,60 € por kilo
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El precio en el lineal del supermercado alcanzó los 3 € por kilo
Esta desproporción del 500 % entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor pone en entredicho la equidad de la cadena alimentaria. Según ASAJA, los márgenes desorbitados de la distribución sólo se pueden corregir mediante la aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena.
Una cosecha prometedora, amenazada por los costes y la especulación
El campo alicantino afronta una campaña con buenas expectativas de producción, en contraste con el devastador año 2024, marcado por la sequía. Sin embargo, los agricultores siguen al límite, debido al incremento de costes de producción, como el precio de los fertilizantes, la electricidad o los seguros agrarios.
ASAJA alerta de que estas circunstancias, unidas a la falta de precios dignos en origen, amenazan la rentabilidad de las explotaciones, aunque la calidad de la producción siga siendo excelente.
La raíz del problema: un desequilibrio de poder estructural
Según denuncia la organización agraria, el problema no se limita a la vigilancia de contratos o a las sanciones puntuales. Lo que hay de fondo es un grave desequilibrio en el poder de negociación entre los distintos eslabones de la cadena.
“El agricultor está expuesto a la acción de prácticas desleales, y no tiene herramientas reales para defenderse. Solo la Ley puede obligar al operador con más poder —la gran distribución— a respetar la norma y garantizar precios justos”, subraya Andreu.
Sin rentabilidad, no hay futuro para el campo alicantino
La reflexión final de ASAJA Alicante pone el acento en el grave problema de relevo generacional. Sin una rentabilidad mínima asegurada, la agricultura deja de ser una opción de vida viable para los jóvenes. Si no se ataja esta situación mediante un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena, advierten, la despoblación y el abandono de explotaciones serán inevitables.
“El gran desafío que tenemos por delante es mejorar los ingresos de agricultores y ganaderos. Si no, el campo dejará de ser atractivo y la sostenibilidad económica y social del medio rural estará en peligro”, concluye el presidente de ASAJA-Alicante.
Enlace oficial a las sanciones publicadas por AICA:
👉 https://www.aica.gob.es/ley-de-la-cadena/
