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  • La asociación de agricultores está celebrando reuniones con los nuevos alcaldes tras las elecciones municipales de este año para minimizar los impuestos a las propiedades rústicas y aplicar bonos a las granjas y edificios agrícolas en pago del IBI.
 Agromuralla hace un llamamiento a los municipios para que apliquen "impuestos municipales que favorezcan el mantenimiento de la actividad agrícola y alienten la expansión y mejora de las granjas existentes".
 
La asociación de ganaderos ha realizado una solicitud formal en todos los Ayuntamientos de las provincias de Lugo y A Coruña donde tiene asociados para que las Corporaciones Municipales de estos municipios acuerden una reducción en la tributación de las propiedades de carácter rústico y de las granjas y construcciones agropecuarias relacionadas con ellos. eso permitirá "aliviar la carga impositiva a la que se enfrentan las granjas y promover su viabilidad y competitividad mediante la reducción de los costos de producción".
 
La entidad que preside Roberto López recuerda que el llamado "catastrazo", la actualización de los valores catastrales realizados en 2013, "ha aumentado considerablemente los impuestos municipales que las explotaciones ganaderas pagan a través del IBI". Por eso, según Agromuralla, "es necesario que los municipios arbitren las medidas necesarias para reducir esta presión fiscal".
 
La asociación, que celebra reuniones con los nuevos alcaldes salidos de las elecciones municipales de este año para abordar este problema con ellos, y está pidiendo  que modifiquen las ordenanzas fiscales municipales para reducir la tasa impositiva. de las fincas rurales al mínimo legal permitido (0,30%) y la aprobación del máximo permitido legalmente permitido (95%) en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los edificios de uso agrícola.
 
Del mismo modo, Agromuralla solicita que se reduzcan las licencias de trabajo destinadas a la construcción, ampliación o mejora de granjas. "Cuando una granja se moderniza es una señal de continuidad y mantenimiento de la actividad que afecta el territorio, generando actividad económica y empleos", argumenta Roberto López.
 
Unificar criterios a través de Fegamp
 
Agromuralla explica que no existe una "uniformidad" en la presión fiscal que soportan las granjas, y que los impuestos municipales que pagan "varían enormemente" según el municipio en el que se encuentren, lo que lleva a "quejas comparativas claras". "Dependiendo de la municipalidad en la que se encuentren, dos granjas con características similares pueden pagar el doble que las demás, dependiendo de si el Ayuntamiento aplica o no los descuentos en el IBI", explica Roberto López.
 
Agromuralla considera que "es una situación que no tiene ningún sentido", y por lo tanto pide "que a través de Fegamp se hayan establecido criterios homogéneos que sean aplicados por todos los ayuntamientos para evitar esta notable disparidad fiscal".
 
Disparidad notable entre municipios
 
En la provincia de Lugo, por ejemplo, ya hay varios municipios (como el caso de Friol, Ribadeo, Lugo, A Pontenova, Barreiros, Trabada, A Pobra do Brollón o Riotorto) que ya han aprobado bonos y descuentos en el IBI para granjas agropecuarias, exenciones que van del 40 al 95% dependiendo de cada caso, y otros municipios han estado dispuestos en las reuniones celebradas con Agromuralla a estudiar diferentes alternativas para reducir la presión fiscal sobre las granjas.
 
También existe una disparidad en la tasa impositiva fija, que varía del 0,30% de Abadín o Lugo al 0,48% de Sober, el 0,50% de Pobra do Brollón o el 0,80% de Meira. En la mayoría de los casos, la tributación de las fincas rurales se establece en 0.60% (Palas de Rei, A Pastoriza, Foz, Friol, Láncara, Begonte, Barreiros, Trabada) o 0.65% (Riotorto, A Pontenova).
 
El "catástrazo" cuadruplicó las cuotas
 
Como ejemplo de esta "desigualdad fiscal", Agromuralla proporciona tres ejemplos reales del IBI pagado en 2019 por tres granjas lecheras activas en tres municipios diferentes de la provincia de Lugo. En Guntín, donde no hay reducciones, una granja pagó 807 euros este año por un establo y una fila, lo que representa "un costo de producción adicional significativo". Otra granja en el municipio de A Pastoriza, donde no hay bonificación, pagó 556 euros por 18 parcelas rústicas. Antes del catastrazo, la misma granja pagó 121 euros, por lo que el recibo se multiplicó por cuatro como resultado de la revisión del registro de tierras de 2013, como fue el caso en la mayoría de los municipios.
 
El recibo también se cuadruplicó, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros, que sin embargo aprobó un bono del 95% para mitigar el aumento. Por lo tanto, una granja que pagó 60 euros antes del catastrazo y vio la cuota subir a 217 euros como resultado de la revisión catastral, ahora paga solo 11 euros

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